El BNG de Celanova exige detener la centralización de la justicia contra la violencia machista
El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, y la concejala nacionalista en Celanova, Ernesta Seoane, presentaron una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal de Celanova y que el Bloque llevará también a los ayuntamientos de las comarcas de Celanova y Baixa Limia. La iniciativa reclama que el Concello inste a la Xunta a detener la comarcalización judicial, garantizar una justicia cercana y evitar que las víctimas tengan que desplazarse obligatoriamente a Ourense.
La moción solicita que la Xunta adopte medidas inmediatas para ampliar las competencias autonómicas en materia de organización judicial, para crear una Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Ourense sin que ello suponga suprimir las competencias de los juzgados de Verín, Xinzo de Limia, O Carballiño, Ribadavia, Celanova y Bande. También reclama aumentar el personal de gestión, tramitación y auxilio judicial acorde con las nuevas unidades a crear.
Ernesta Seoane explicó que el BNG presenta esta iniciativa “en defensa de los derechos de las víctimas de violencia sobre la mujer y del equilibrio territorial”, y advirtió que la centralización de la nueva plaza judicial en Ourense “deja en una situación muy frágil” a las mujeres del ámbito rural. Señaló que la creación de una unidad especializada debería ser positiva, pero que el Estado decidió “centralizarla en la capital de la provincia”, lo que obliga a preguntarse qué pasará cuando las víctimas tengan que desplazarse “desde Calvos de Randín o Entrimo, desde Gomesende o Lobios”. Además, recordó que con la nueva organización “si hoy el desplazamiento es a Bande, Verín, Celanova o Xinzo, pasará a ser necesariamente a Ourense”, una medida que calificó de especialmente dañina en momentos “singularmente críticos para las víctimas”.
Iago Tabarés añadió que el Real Decreto 422/2025 “se presenta como un avance, pero se pervierte por la extensión de competencias a casi toda la provincia”. El diputado alertó que la unidad ourensana nace “prácticamente colapsada” porque tendrá que asumir una carga de trabajo “que duplica la considerada como máxima por el Consejo General del Poder Judicial”. También recordó que el modelo adoptado por el Estado contó con el “visto y praxe” de la Xunta, lo que evidencia, según sus palabras, “la insuficiencia de las competencias autonómicas en materia de organización judicial”.
Ernesta Seoane citó la exposición de motivos de la moción, que señala que “la dispersión geográfica y demográfica de estos partidos judiciales requiere una respuesta inmediata y urgente”, y advirtió que, de no rectificarse, “estaríamos ante una nueva supresión de servicios en el medio rural y un probable deterioro en la atención a las víctimas de violencia sobre la mujer”.
También recordó que varios operadores jurídicos alertan de que el baremo de 2018 está “obsoleto” y que no puede seguir siendo el criterio principal para organizar unidades judiciales “en ámbitos tan sensibles como la violencia sobre la mujer, donde debe primar la protección, el acompañamiento y la atención a las víctimas”.
Tabarés insistió en que la decisión estatal y la pasividad institucional que la acompaña “suponen un escalón más para eliminar servicios públicos esenciales en nuestro rural”, situación que calificó de “altamente perjudicial para las víctimas, para la justicia y, en general, para la sociedad gallega”. Indicó que el BNG logró la unanimidad del Parlamento gallego en esta cuestión y que ahora es el momento de que los ayuntamientos de la comarca “se impliquen en la demanda de reversión de esta medida”.
Ernesta concluyó que la moción busca garantizar justicia próxima y protección efectiva para las mujeres, recordando que “la extensión de la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Ourense abarca casi el 78 % de los partidos judiciales y el 90 % de la población de la provincia, en un territorio de más de 5.000 km²”, diseño que calificó de “irreal, injusto e incompatible con las necesidades reales de las víctimas”.
Finalmente, el BNG hizo un llamamiento a toda la corporación municipal para apoyar la iniciativa y que Celanova y la comarca envíen un mensaje claro en defensa de la justicia de proximidad y los derechos de las mujeres.