El BNG denuncia las “dilaciones injustificadas en la ejecución de sentencias por parte del Ayuntamiento de Ourense”
El grupo municipal del BNG en Ourense lleva tiempo advirtiendo que “la caótica gestión del actual Gobierno Local está sumiendo al Ayuntamiento en la parálisis”, pero también advierten que dicha gestión “lleva tiempo teniendo importantes repercusiones en las arcas municipales”.
El portavoz municipal de los nacionalistas, Luís Seara, señala que “hemos denunciado en innumerables ocasiones la nefasta gestión económica del actual Gobierno Local, gestión que está situando al Ayuntamiento al borde del colapso”, y añade: “también hemos denunciado la situación en la que se encuentran la práctica totalidad de las concesiones administrativas y las consecuencias económicas que esa situación está teniendo en las arcas municipales”.
La alta conflictividad judicial y la forma en que el Gobierno Local aborda buena parte de los procedimientos es otro de los factores que, según la formación nacionalista, “incide notablemente en la economía del Ayuntamiento, ya que en muchas ocasiones se recurren sentencias y se prolongan procedimientos judiciales con el único objetivo de ganar tiempo, siendo conscientes de que los mismos tienen escaso recorrido, pero que, por el contrario, tienen repercusiones económicas muy gravosas para todos y todas”.
Seara toma como ejemplo el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno Local celebrada el viernes 13 de diciembre, en el que, en base a un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, se corrigen y actualizan los intereses correspondientes a la ejecución definitiva de la sentencia del procedimiento promovido en su día por Urbanos de Ourense SL. “En el auto se establece por error, como cantidad devengada en concepto de intereses hasta el 31 de diciembre de 2023, la suma de 1.837.499,61 euros en lugar de los 1.448.508,04 euros, es decir, un incremento de 388.991,61 euros que saldrán del bolsillo de todos y todas las vecinas de Ourense”.
Luís Seara denuncia que “estamos ante una sentencia del año 2019 que el Gobierno Local, como en tantos otros casos, no quiso asumir pese a ser conocedores de que los recursos que se pudieran presentar tenían muy poco recorrido más allá de ganar tiempo, un tiempo que nos sale muy caro a las vecinas y vecinos, ya que a día de hoy, y hablamos del 31 de diciembre de 2023, los intereses solo por esta sentencia están cerca de los dos millones de euros sin contar con que estamos en diciembre de 2024 y la sentencia sigue sin ejecutarse, por lo que los mismos seguirán aumentando”.