El BNG pide explicaciones a la Xunta por la presunta facturación irregular al Sergas en un hospital privado de Ourense
El BNG reclamará explicaciones al Gobierno gallego tras la denuncia de la Fiscalía contra el Grupo Recoletas por una presunta facturación fraudulenta al Sergas. La formación nacionalista llevará esta cuestión al Parlamento gallego con el objetivo de esclarecer lo sucedido en el ámbito de la sanidad privada en la provincia de Ourense.
La investigación afecta al grupo sanitario que recientemente adquirió los principales centros privados de Ourense, el Centro Médico El Carmen y Cosaga, lo que, según el BNG, incrementa la relevancia del caso por su relación con el sistema público.
La diputada ourensana Noa Presas calificó la situación de “doble escándalo”, al considerar que, por un lado, podría haberse producido una facturación irregular al “facturar la anestesia local como anestesia general para cobrar más de la Xunta de Galicia” y, por otro, evidenciaría “una enorme falta de control y vigilancia por parte del Gobierno gallego”.
Ante estos hechos, el Bloque solicita que se adopten medidas de control. “Exigimos a través del Parlamento explicaciones y que el Área sanitaria de Ourense sea sometida una vez más a un informe del Consello de Contas y a una auditoría exhaustiva”, señaló Presas, quien recordó que “ya en el año 2024, este organismo advirtió de irregularidades y privatizaciones en esta Área”.
La parlamentaria también incidió en la preocupación de su grupo por la concentración de servicios sanitarios privados en la provincia, advirtiendo de que “la compra por parte del Grupo Recoletas de los dos hospitales privados de los que más depende la sanidad pública de Ourense comprometía la competencia y la prestación de servicios”. En este sentido, subrayó la necesidad de supervisar el uso de los recursos públicos: “hay que vigilar hasta el último euro pues tenemos que recordar que estamos hablando de dinero público”.
El BNG reclama además conocer “qué medidas preventivas va a impulsar el Gobierno gallego para proteger la sanidad pública ourensana ante posibles actuaciones oligopólicas en el ámbito de la sanidad privada”, así como confirmar si en la actualidad está garantizada la prestación de los servicios que se derivan habitualmente desde el sistema público.