El BNG responsabiliza a Jácome de la anulación del proceso de licitación del contrato de concesión del servicio de recogida de basura
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Luís Seara, recordó que "no es el primer contratiempo que sufre este gobierno, pues hace apenas dos meses, el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (TACGal) anuló definitivamente los pliegos del transporte público", y añadió: "a nosotros nos gusta profundizar en los papeles, porque en ellos siempre se encuentran cosas y por eso pedimos acceso al expediente completo para revisarlo, algo que hicimos".
"Han pasado ocho años y el proceso de licitación acaba de ser suspendido temporalmente, y no será porque no se lo advirtieran al alcalde", señaló. Seara explicó que, en primer lugar, el Interventor, a través de un oficio de devolución, puso de manifiesto la necesidad de adjuntar la relación de inversiones a realizar por el adjudicatario, de actualizar la Ordenanza municipal, de establecer un marco normativo adaptado a la realidad actual, ya que la Ordenanza vigente es de 1995, y de incluir el 50% para empresas de inserción laboral.
El portavoz del BNG dejó claro que, en contra de lo manifestado por el alcalde en las últimas horas, "como no le gustó lo que le dijo el Interventor, le pidió un informe a su consultora de cabecera PwC, que es la que elaboró los pliegos, pensando que le iba a dar la razón, y aquí es donde se produce la gran novedad, ya que es la consultora la que aconseja, con los argumentos del Interventor, parar la licitación".
Y es que, según señalan los nacionalistas, en el informe elaborado por la consultora, esta asume "casi por completo" las tesis defendidas por la Intervención. La propia consultora dice que es necesario actualizar la Ordenanza, que el 50% de la recogida del textil debe estar reservado a centros de inserción laboral, así como la necesidad de contar previamente con nuevos contenedores de basura.
Luís Seara quiso hacer una referencia expresa a los nuevos contenedores de basura. Según afirmó, "el 29 de septiembre de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente para contratar el suministro de contenedores de carga lateral y en superficie, destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos, envases ligeros, papel-cartón, vidrio y biorresiduos, con un presupuesto total de 3.498.412,50 euros".
"Nosotros nos opusimos porque estimamos que era mejor que fueran parte de la licitación y que fuera la adjudicataria la que los tuviera que comprar, pues ya conocemos lo que pasó con la compra de los nuevos autobuses por parte del Ayuntamiento, especialmente con los Busitos. Concursaron dos empresas, una de Ourense y otra de Madrid, y el 11 de abril de 2023 se adjudicó a Contenur S.L.. Se llevó al Pleno una modificación presupuestaria específica para ello, que no salió adelante. En 2024 se aprobó nuevamente en Junta de Gobierno Local esa misma modificación, pero, por una razón que puedo intuir, no se llevó al Pleno".
Retomando el hilo, el Grupo municipal del BNG se pregunta el motivo por el cual "continuaron adelante, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los técnicos y de la propia consultora". Y es que varias entidades interpusieron recurso solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de contratación, medida aceptada por el TACGal. "A pesar de lo que dice la consultora, el Alcalde decidió seguir adelante con la licitación, sabiendo que tenía todas las papeletas para que fuera impugnada y quedara en suspenso, como así ocurrió".
Ante todo lo expuesto, Luís Seara y el BNG consideran necesario llevar al Pleno la "actualización del Reglamento de Servicio de abastecimiento de agua y de la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, ya que parece que el único objetivo pretendido es el incremento de la recaudación obviando la más que necesaria actualización de la normativa que regula esos servicios".
"La misma persona que bajó el IBI, para beneficiar a los grandes tenedores de inmuebles, ahora quiere hacer pagar el pato a la veciñanza, al ver que está en una situación límite porque hacen falta ingresos", y finaliza: "las consecuencias de esta forma de gobernar son obvias y tienen efectos, no solo económicos, porque ahí tenemos servicios precarios y pagos contenciosos a las concesionarias por sentencia judicial, incluidos intereses, sino también sociales, al tener concesiones obsoletas cuyos efectos para la veciñanza son más que visibles".