El BNG volverá a solicitar en el Parlamento de Galicia la gestión pública y directa del CAPD de Ourense
Noa Presas e Iago Tabarés, diputada y diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para presentar la PNL registrada, que será objeto de debate en el Pleno que el Pazo do Hórreo tiene previsto celebrar la próxima semana.
Noa Presas señaló que el objetivo es que el Parlamento “vote una propuesta clara y concisa que recoja la demanda de la sociedad ourensana, la demanda de las familias y de la Plataforma ProCAPD, así como la demanda de numerosos ayuntamientos e instituciones como la Diputación o el Ayuntamiento de Ourense. Que la gestión sea pública y directa, a través de empleados y empleadas a cargo de la Xunta de Galicia, sin subterfugios que disfracen de público lo que en realidad es una privatización”.
Según la diputada nacionalista, “estamos hablando de derechos y de poner fin a una de las discriminaciones históricas de las comarcas de Ourense. Nosotros todavía no tenemos lo que ya tienen A Coruña, Lugo o Pontevedra desde hace décadas: un centro público para la atención de personas con discapacidad mayores de 21 años”. Añade que “fue la presión social la que consiguió que hoy tengamos un CAPD próximo a abrirse. Años de movilizaciones sociales, manifestaciones históricas en la ciudad de Ourense y más de 50.000 firmas”.
Presas recordó que ya en septiembre de 2016, hace 8 años, y en plena campaña electoral, “las personas que éramos candidatas de nuestros partidos, incluido el PP, firmamos un compromiso: el CAPD será público y de gestión pública, atendido por empleados públicos. Eso fue lo que firmamos todas las fuerzas políticas que hoy tenemos representación en el Parlamento Gallego”. A pesar del compromiso firmado, Noa Presas lamentó que el PP “ha incumplido largamente lo que prometió. Avanzaron un proyecto inicial que no se correspondía con las demandas de las familias, y la sociedad ourensana tuvo que volver a salir a la calle en una histórica manifestación en febrero de 2017”.
Presas continuó haciendo un breve repaso temporal, destacando que “en 2022 el BNG destapó que la obra estaba paralizada por la subida de precios, y la Xunta estuvo más de medio año ocultando esta paralización a las familias y sin actuar, mientras otras obras públicas continuaban o eran licitadas nuevamente. Durante ese tiempo, por cierto, sí abrieron un centro de discapacidad privado”.
“Prometieron que el CAPD estaría abierto en enero de 2024, y un año después vemos que no fue cierto. Pero lo peor de todo es que, tras años de espera y tras no responder en octubre de 2024 al BNG en el Parlamento ni a las familias, la Xunta aprobó en silencio, en plena Navidad, la privatización práctica de este centro. No se atrevieron a adjudicarlo directamente a sus empresas amigas, como hicieron con los centros de crisis para víctimas de violencia sexual o con otros servicios de política social, pero estamos ante una trampa, tal y como denuncian las familias”.
Presas y Tabarés insistieron en el apoyo del BNG a las familias, destacando su “agradecimiento a la plataforma ProCAPD por su trabajo” al tiempo que pidieron valentía al PP, señalando: “Si votan una cosa en las instituciones de Ourense, ¿qué van a votar en el Parlamento Gallego?”.
“Ourense ya es la parte del país con mayor proporción de plazas privadas en residencias de mayores. En 15 años de gobierno del Partido Popular no se ha abierto ni una sola residencia de gestión pública en toda la provincia. La sanidad avanza en la privatización del Área Sanitaria, y un demoledor informe del Consello de Contas alerta sobre ello”. Además, Noa Presas recordó que “Política Social cerró durante años el Centro de Menores de Montealegre, que era público y de gestión directa, para privatizarlo después de gastar casi tres millones de euros en reformarlo”.
Para el BNG, “este es el historial de servicios de un Partido Popular que utiliza el dinero de los gallegos para construir infraestructuras tarde, mal y arrastrándose, que luego privatiza, y que dice una cosa en Ourense y la contraria en Santiago. No vamos a consentir que pase lo mismo con el CAPD. Son muchos años de lucha, muchos años de sufrimiento de muchas personas, y nos jugamos derechos: derechos que tienen en otras partes del país y que en Ourense también merecemos”. Concluyen: “Por eso, el próximo miércoles se votará esta iniciativa exigiendo que el CAPD sea de gestión pública y directa y que haya una rectificación por parte de la Xunta”.