El Colegio de Periodistas y los Fotoperiodistas exigen a Jácome que retire la limitación para tomar imágenes en los plenos
El Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Galicia (APFG) expresaron su rechazo a la decisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de restringir la toma de imágenes en los plenos municipales a los cinco primeros minutos de cada sesión. Ambas organizaciones exigen al gobierno local que dé marcha atrás y advierten de que la medida podría ser contraria a la legislación vigente.
El pasado 26 de noviembre, el Ayuntamiento anunció mediante una nota de prensa que las fotografías y grabaciones realizadas por los medios en los plenos se limitarían a ese breve tramo inicial, quedando el resto de la sesión exclusivamente documentado a través de la señal institucional que el propio consistorio difunde en su canal de Vimeo. La decisión se produjo tras un incidente registrado dos días antes, cuando el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, recriminó a un fotoperiodista que, a su juicio, lo enfocaba “durante demasiado tiempo”.
En su comunicado, el Colegio de Periodistas y la APFG denuncian este nuevo episodio de enfrentamiento entre el alcalde y los medios de comunicación. Recuerdan que los periodistas desempeñan un papel “esencial de mediación entre la ciudadanía y sus representantes políticos”, y subrayan que los cargos públicos tienen la obligación de facilitar el trabajo informativo y someterse al escrutinio público. Consideran especialmente grave que la restricción afecte a los plenos, al tratarse de actos públicos centrales en la vida municipal, y alertan de que supondría privar a la ciudadanía de Ourense de información gráfica independiente.
Las organizaciones destacan además que la medida anunciada por el Ayuntamiento vulneraría el artículo 70.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece la publicidad efectiva de las sesiones plenarias, así como el artículo 20.2 de la Constitución, que prohíbe la censura previa. Recuerdan también que el Tribunal Supremo ya señaló en una sentencia de 2007 que reservar en exclusiva a los servicios municipales la grabación de los plenos implicaba “una suerte de censura previa”, y que en otra resolución de 2015 declaró la nulidad de cualquier prohibición general de grabación, salvo en sesiones excepcionalmente declaradas reservadas.
Por todo ello, el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la APFG “rechazan rotundamente esta nueva tentativa de restringir el trabajo periodístico” y exigen al Ayuntamiento de Ourense que retire “la limitación intolerable de la toma de imágenes en los plenos”. Si la medida siguiera adelante, anuncian que se verían obligados a solicitar su nulidad de pleno derecho.