El futuro de las termas del Muíño da Veiga, en el aire
El futuro de las termas del Muíño da Veiga, en Ourense, continúa en suspenso tras la reunión mantenida esta mañana entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome; los portavoces de todos los grupos municipales; y representantes de la Xunta de Galicia, encabezados por el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, y el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila.
La reunión giró en torno a la comunicación que el Concello recibió la semana pasada de la Xunta, en la que se instaba a “prohibir el baño de manera permanente o recomendar a la ciudadanía que no se bañe” en las pozas. La administración autonómica argumenta que el espacio no cumple los requisitos para ser declarado zona de baño ni cuenta con autorización como espacio termal, conforme a lo estipulado en la Ley 8/2019 de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.
Desde el gobierno municipal se estudia ahora si es jurídicamente viable reabrir las instalaciones al público, colocando la cartelería informativa que indique la “prohibición permanente de baño o recomendación de no bañarse”. En palabras del propio alcalde, “lo que está claro es que el agua de las pozas del Muíño es totalmente sana, aunque no cumpla la normativa de la Xunta”.
Jácome señaló además que la Xunta no tiene intención de modificar la normativa actual para adaptarla a casos como el de Ourense. “La Xunta de Galicia trasladó que no tiene voluntad de promover un cambio normativo adaptado a las especificidades de termas como las de Ourense: no están por la labor. Dicen que intentemos catalogar las aguas y, una vez catalogadas, adaptarlas a la ley, siempre que lo autorice la Confederación Hidrográfica, algo que tampoco está claro que vayan a hacer. Está difícil, pero hay que tramitarlo”.
El regidor explicó que el proceso para regularizar las termas podría alargarse uno, dos o incluso tres años. “Primero se tramitará la catalogación como aguas termales, lo que puede tardar uno o dos meses; después, la catalogación como aguas mineromedicinales, que podría llegar a durar un año, y luego habría que hacer obras para que esas aguas pudieran tener un aprovechamiento lúdico. Son unas obras relativamente pequeñas, pero tendrían que ser autorizadas por la Confederación”, explicó.
Además, el alcalde cuestionó algunos puntos de la legislación autonómica. “La ley de la Xunta sobre usos termales hace aguas, tiene aspectos que no están apoyados en estudios científicos concluyentes”, afirmó, y criticó mecanismos de control como el de renovar las aguas cada cuatro horas “independientemente del número de bañistas que las estén utilizando”.
Por su parte, la Xunta defendió la normativa vigente y reiteró su disposición a colaborar con el Concello para adaptar las termas a las condiciones higiénico-sanitarias necesarias. Según expresaron el delegado territorial y el director xeral, “para la Xunta el termalismo es un elemento esencial en el desarrollo de Ourense” y animaron a las fuerzas políticas a convertirlo en una apuesta común. Mientras no se regularice la situación, insistieron, deberá colocarse señalización que recomiende abstenerse del baño.
Asimismo, la Xunta recordó que Galicia fue pionera en 2019 con la aprobación de esta ley para impulsar un “crecimiento ordenado y seguro” del sector, evitando usos sin control con fines meramente lúdicos. También destacó la creación del Área de Turismo Termal, con sede en Ourense, como parte de la Estrategia Gallega de Turismo 2024-2030.
Desde el PSdeG, la portavoz municipal Natalia González agradeció la reunión y valoró positivamente que “lo que proponen es una posible solución para no vernos obligados al cierre permanente de las termas del Muíño”. No obstante, señaló que ahora “la pelota está en el tejado del Concello de Ourense”.
“La última palabra para poder mantener abiertas esas termas, que es algo que deseamos y en lo que coincidimos todos y todas, tiene que estar también respaldada por los informes jurídicos de los técnicos municipales para que pueda llevarse a cabo esa solución planteada por la Xunta de Galicia, con todas las garantías legales y sin que suponga una responsabilidad patrimonial para la propia institución”, explicó González.
Finalmente, la portavoz socialista pidió que, una vez estén disponibles dichos informes, se convoque una nueva reunión con los portavoces de la oposición para consensuar la decisión final, y tomar la decisión “que mejor responda a los intereses de la ciudadanía y cuente con todas las garantías legales”.