El Grupo Municipal Socialista de Ourense exige a Fabiola García que se reúna con las familias de personas con discapacidad
“Vivimos un día triste cuando en el Parlamento de Galicia el PP se niega a reconsiderar la situación de que el nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense sea de gestión pública y directa”, explica la diputada Carmen Rodríguez Dacosta, quien ayer defendió una iniciativa del PSdeG para que el ejecutivo autonómico rectificase su decisión.
“Los argumentos que ofrecieron, obviamente, son cortinas de humo, y las socialistas no dejaremos de luchar por esta causa que es tan importante para los niños, niñas, jóvenes con distintas discapacidades y diversidades funcionales, así como para sus familias”, señala tras el debate de ayer en el Parlamento. Y recuerda que la Conselleira de Política Social, Fabiola García, no ha recibido en seis años a la plataforma ProCAPD para dar explicaciones sobre la gestión, a pesar de que el PP firmó, junto al resto de formaciones políticas, un compromiso para que las instalaciones fuesen 100% públicas y contasen con personal dependiente directamente de la Xunta de Galicia.
“Ningún intento del PP y del gobierno de Alfonso Rueda por deslegitimar esta lucha de padres y madres de personas con discapacidad de Ourense hará que nos rindamos”, advierte la portavoz del PSdeG en el Concello de Ourense, anunciando que el grupo municipal socialista llevará, una vez más, una iniciativa al próximo pleno ordinario de febrero para que el ejecutivo autonómico rectifique ante lo que consideran un agravio para la ciudad y la provincia. “No pedimos más que lo que ya tienen las otras tres provincias gallegas y que constituye un derecho que debe garantizar la Xunta”, defiende también la secretaria general del partido.
En este sentido, el texto registrado solicita, entre sus puntos de acuerdo, instar a la Administración local a exigir a la Deputación el cumplimiento de los compromisos adquiridos y ratificar la gestión pública y directa del CAPD de Ourense, “tal y como fue suscrito por unanimidad de los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial en la moción conjunta aprobada en el Pleno del 20 de diciembre de 2024”. Además, reclama que el Concello de Ourense exija a la Administración provincial la defensa activa de los intereses de su ciudadanía y que adopte las medidas de presión oportunas ante la Consellería de Política Social e Igualdad con el objetivo de frenar la apertura del proceso de licitación de la gestión del centro.
Por último, la iniciativa también recoge la petición de instar al Concello de Ourense a exigir, con la mayor brevedad, la celebración de un encuentro entre la conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, integrantes de la plataforma ProCAPD, grupos políticos con representación en la Deputación de Ourense y el presidente de la Corporación Provincial.