El Grupo Municipal Socialista pide a Jácome que renueve las concesiones en precario
La concejala del PSdeG en el Ayuntamiento de Ourense, María Fernández, insistió nuevamente en la “pasividad e inoperancia del alcalde”, Gonzalo Pérez Jácome, para desempeñar adecuadamente su cargo durante el pleno extraordinario que tuvo lugar esta mañana, en el que el equipo de gobierno presentó dos modificaciones de crédito para hacer frente a deudas de la Administración local.
La edil María Fernández defendió la abstención del grupo municipal socialista en la votación del expediente 24P señalando que existe una sentencia firme, desde el mes de febrero, que debería haberse ejecutado ya. “Que la empresa tuviera que cerrar sus instalaciones durante los meses de la pandemia no es culpa de nadie, y que decida reclamar los beneficios que le corresponden está avalado judicialmente. Está aquí desde febrero y no se habilitó esta modificación de crédito hasta ahora porque tenían cosas muchísimo más importantes que hacer. Habiliten el crédito, tramiten con la mayor diligencia posible y antes de que termine este 2024, y paguen a la empresa lo que le deben antes de seguir acumulando intereses de demora”, pidió con tono irónico.
En cuanto al expediente 25P para saldar la deuda de la Administración local con la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, los socialistas también se abstuvieron. “Desde 2015 el contrato del transporte público está en precario y esta sentencia es de 2022, por lo tanto, desde ese año el alcalde es conocedor de la deuda del Ayuntamiento de Ourense con la empresa. En este caso concreto hablamos de 2 millones de euros en intereses”, expuso, rechazando la afirmación de Democracia Orensana que lleva repitiendo en los últimos meses, según la cual tener las concesiones en precario no supone un mayor gasto, excusando así su negligencia.
Ante la reiteración del argumento de Gonzalo Pérez Jácome de culpar a los grupos de la oposición, al interventor o al funcionariado de diferentes áreas, recordó al regidor que “el PSOE dejó de gobernar en mayo de 2015 y DO lleva en el ejecutivo desde 2019” y que el alcalde “no llegó ayer”. Por todo ello, la concejala del PSdeG afirmó que debería comenzar a asumir la responsabilidad que el bastón de mando requiere y que exigía a los regidores que le precedieron.
“Hasta que no se renueven las concesiones, la ciudadanía seguirá pagando intereses y con 2 millones de euros se podrían hacer muchas cosas en la ciudad”, concluyó de manera contundente la socialista, cifrando en alrededor de 57 millones de euros las deudas que suponen estos servicios caducados y que habrá que abonar a las empresas, de los cuales 10 millones corresponderán a intereses.
Por otro lado, en el segundo pleno extraordinario convocado para esta mañana, con el objetivo de aprobar una tercera modificación presupuestaria para emergencia social (por una cuantía de 300.000 euros), la portavoz del grupo municipal del PSdeG, Natalia González, lamentó que esta área no sea una prioridad para el ejecutivo, que aún no cuenta con presupuestos. “Por eso estamos hoy aquí con otro parche, por eso aprobamos hace dos meses y medio 300.000 euros, pudiendo aprobar 600.000 euros y tener ya cubierta esta necesidad para que la gente cobrara en tiempo y forma”, recriminó.
“Ha habido, desde el minuto uno, un oscurantismo total y falta de previsión por parte del ejecutivo, que nos mintió a la oposición porque en ningún momento supimos el número real de solicitudes de emergencia social pendientes. En las Juntas de Área primero se nos habló de aproximadamente 250, luego de que había 80 y hoy estamos hablando de más de 400. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense están en estado crítico. Llevamos 5 años de recortes y desmantelamiento”, resumió la portavoz.