El grupo provincial del BNG pide a la Diputación de Ourense que desautorice a la Xunta ante la privatización de la gestión del CAPD
El grupo provincial del BNG registró el siete de enero de 2025 una moción para el próximo pleno de la Diputación de Ourense ante la decisión de la Consellería de Política Social, dirigida por Fabiola García, de privatizar la gestión del CAPD de Ourense.
El portavoz nacionalista del BNG en la Diputación, Bernardo Varela, manifestó que el grupo provincial del BNG propone a los grupos políticos de la Diputación manifestar su desacuerdo y rechazar como institución la decisión de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, que menos de una semana después de que el pleno provincial manifestase por unanimidad el apoyo a la gestión pública directa del CAPD de Ourense, anunció que la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense será indirecta, gestionada por una entidad social sin ánimo de lucro.
Varela señaló que la gestión pública directa del CAPD es un acuerdo unánime expresado en diferentes plenos de la Diputación de Ourense, en concreto en enero de 2020 y diciembre de 2024; también fue un acuerdo firmado por todos los partidos políticos en 2016 y, sobre todo, es lo que las familias llevan demandando de forma sistemática y organizada para Ourense desde febrero de 2016. También es importante resaltar, dice el portavoz nacionalista, que la gestión directa del CAPD es un acuerdo ya expresado por diversos ayuntamientos de Ourense, mediante acuerdo plenario o declaración institucional, desde noviembre de 2024 a través de una moción que las familias remitieron a los 92 ayuntamientos de Ourense y a la Entidad Menor de Berán. Para el BNG en la Diputación, “la decisión de la consellería además de desoír a las familias afectadas, ignora un clamor social e institucional de Ourense”, señaló su portavoz.
"Este clamor social e institucional debe implicar también una reunión, que debe ser exigida por el gobierno provincial y en el menor tiempo posible, con una delegación de los portavoces en la Diputación, el propio gobierno provincial y las familias de la plataforma ProCAPD de Ourense con la conselleira de Política Social, Fabiola García", señalan. Así se refleja esta cuestión en el segundo de los acuerdos propuestos por el grupo nacionalista en la moción registrada para el pleno de la Diputación de este mes de enero. “No se pueden ignorar las familias y a todas las instituciones de Ourense y no dar la más mínima explicación, menos sin escuchar de primera mano a las familias afectadas con las que aún no ha tenido la dignidad de reunirse tras varias solicitudes”.
Para el BNG, la única solución posible a este problema social pasa por la rectificación de la decisión de la consellería y que el gobierno gallego asuma los compromisos adquiridos hace casi una década con la vecindad y familias de Ourense. “Esta es la enésima vez en la que Ourense queda relegado a una situación de desigualdad con el resto de Galicia, donde sí cuentan con este servicio”, dice Varela.
Tras la multitudinaria concentración del pasado jueves 9 de enero ante la delegación de la Xunta de Galicia en Ourense, en defensa de la gestión pública directa del CAPD, para el BNG queda patente que para la vecindad no es una cuestión que el gobierno gallego pueda ignorar. Y para los nacionalistas se hace más preciso aún aclarar si el acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno provincial del 20 de diciembre de 2024 en defensa de los usuarios y usuarias, de las familias y en defensa de la ciudadanía ourensana sigue vigente en el ente provincial y si el gobierno del PP en la Diputación, dirigido por Luís Menor, sigue defendiendo, como afirmó en dicho pleno, “a la vecindad de nuestra provincia y sobre todo a las personas vulnerables, por delante de cualquier ideología política” o si, por el contrario, se pliega a los designios del PP en la Xunta de Galicia, como parece que ocurrió tras no acudir ningún representante del PP a la concentración convocada por la Plataforma ProCAPD.