El PP de Ourense instará al Gobierno de España a invertir más recursos en los juzgados de paz

El Grupo Provincial del Partido Popular defenderá una moción en el próximo pleno de la Diputación en la que instará al Gobierno de España a reconocer, preservar y dotar presupuestariamente a los juzgados de paz.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa la portavoz de los populares, Patricia Torres, acompañada por los alcaldes de Castrelo de Miño y Toén, Avelino Pazos y Ricardo González, respectivamente. Todos ellos, desde su experiencia como regidores de pequeños municipios, explicaron la importancia de la función de los juzgados de paz y las “enormes trabas burocráticas” que están sufriendo, así como la “escasa formación presencial y remuneración que reciben los funcionarios municipales que asumen estas funciones, a las que acaban renunciando por sobrecarga de trabajo”.
El acuerdo que propone el texto del PP se centra en que el Pleno de la Diputación de Ourense exprese su apoyo a la labor que realizan jueces y secretarios de los juzgados de paz de forma eficiente y eficaz, acercando la justicia al territorio y a las personas, con funciones como la resolución de conflictos, el Registro Civil, etc. También se pedirá instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para devolver a los jueces de paz la competencia en la celebración de matrimonios y mantener todos los servicios, dotándolos de la partida presupuestaria correspondiente para el desarrollo de sus funciones.
El tercer punto del acuerdo consiste en instar al Gobierno de España a simplificar el proceso actualmente instaurado, que supone una carga de trabajo mucho mayor para los secretarios de los juzgados de paz, que en su mayoría son personal propio de las administraciones, viéndose sobrecargados y sin mejora en su retribución pese a asumir mayores competencias.
Asimismo, los populares solicitarán al Gobierno de España que imparta formación exhaustiva y completa in situ sobre el programa DICIREG, implantado en toda la administración de justicia y al que todos deben adaptarse. Señalan que esto resulta especialmente complejo en las Oficinas Colaboradoras –como se denominan ahora–, ya que no pueden seguir el mismo ritmo que el personal de Justicia, al compartir funciones con las propias del ayuntamiento. Por último, instarán al Gobierno de España a aumentar las retribuciones de los secretarios de los juzgados de paz, teniendo en cuenta la carga de trabajo y la mayor responsabilidad que asumen.
La portavoz del grupo provincial del PP, Patricia Torres, señala que “en Galicia, los juzgados de paz son un instrumento de justicia con un marcado carácter tradicional y muy propio de nuestra comunidad, que han demostrado a lo largo de la historia su utilidad y eficacia en la resolución de conflictos”.
Actualmente, los juzgados de paz están presentes en la mayoría de los municipios de la provincia y cubren prácticamente todo el territorio gallego, convirtiéndose en un modelo de justicia muy vinculado a la Comunidad Autónoma, imprescindible por su proximidad y por dar servicio directo a todos los vecinos y vecinas, ya que están integrados en los ayuntamientos. Cuentan con personal que conoce el municipio y actúan principalmente a través de la mediación.
Sobrecarga en los ayuntamientos
Con la aplicación de la nueva ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los ayuntamientos de pequeño tamaño que no son cabeza de partido judicial verán transformados sus juzgados de paz en Oficinas de Justicia, con posibilidad además de agrupar municipios hasta alcanzar los 7.000 habitantes. Estas oficinas no solo prestarán servicios relacionados con la justicia, sino también otros dirigidos a la ciudadanía.
Los populares explican que la nueva ley estatal “no dota de la partida presupuestaria correspondiente para el funcionamiento de los juzgados de paz, lo que obliga a que estas nuevas funciones sean asumidas tanto por los ayuntamientos como por la Xunta de Galicia, afectando negativamente a sus ya limitados recursos y obligándoles a asumir nuevas competencias”.