El PP de Ourense reclamará al Estado que ponga fin a la “inacción” en la ayuda a los retornados y que agilice los plazos de concesión de permisos de residencia. Estas fueron dos de las cuestiones analizadas en la reunión de la Vicesecretaría de Emigración del PP ourensano, presidida por Antonio Rodríguez Miranda, un encuentro en el que se planificó la actividad a desarrollar en 2025. El objetivo principal es realizar un seguimiento cercano a la realidad de los más de 100.000 ourensanos que residen en el exterior, así como atender a la gran cantidad de retornados que hoy en día han vuelto a la provincia para apoyarles en sus necesidades.
Rodríguez Miranda destacó que la Vicesecretaría también trabajará para “comprender y atender” las necesidades y demandas de la nueva población ourensana y sus familias, que, sin ser españolas, han llegado desde distintas partes del mundo, especialmente de América, y que ya forman parte de la sociedad de la provincia.
En esta línea, los miembros de la Vicesecretaría de Emigración mantendrán encuentros periódicos con los distintos colectivos y desarrollarán actividades informativas y espacios de reflexión que permitan ayudar a resolver las problemáticas que más les preocupan.
El capítulo de reivindicaciones también tendrá un lugar destacado, ya que desde el PP de Ourense exigirán al Estado una mejora de los procedimientos y, sobre todo, de los plazos en la concesión de permisos de residencia. Este problema, señalan, dificulta la integración normal de estas familias en los distintos ámbitos de la sociedad. Desde la Vicesecretaría se ha constatado, a través de testimonios, la existencia de situaciones irregulares en el acceso a estos servicios que los responsables estatales en la provincia deberían corregir.
Asimismo, se pedirá al Estado que actúe para ayudar a los retornados. Según los miembros de la Vicesecretaría, la administración gallega ya presta este servicio con un “importante esfuerzo y un claro compromiso político”, supliendo la “inacción” del Estado. Señalan que el Gobierno central, que tiene la práctica totalidad de las competencias en materia de retorno y la obligación jurídica de actuar, no está cumpliendo con su responsabilidad.