El PSdeG presenta enmiendas a la ordenanza urbanística de Ourense
El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Ourense ha presentado un paquete de enmiendas al proyecto de ordenanza reguladora de los títulos habilitantes de naturaleza urbanística y de las entidades certificadoras de conformidad municipal (ECCOM). Con esta iniciativa, las y los socialistas buscan “reforzar el control público, garantizar la seguridad jurídica y evitar la creación de un sistema urbanístico a dos velocidades”.
Según explican, las enmiendas presentadas parten de una premisa clara, señalando que “la necesaria modernización y agilización de los procedimientos administrativos no puede hacerse a costa de debilitar las garantías públicas ni de desnaturalizar una función esencial de la Administración como es el control urbanístico”. En este sentido, el grupo municipal considera que el texto propuesto introduce un desequilibrio evidente al otorgar a las ECCOM un papel que excede el de una colaboración técnica auxiliar, aproximándose en la práctica a una sustitución parcial de las funciones públicas.
Las propuestas presentadas incluyen la obligatoriedad de informes técnicos y jurídicos municipales en todos los procedimientos, la limitación de la intervención de las ECCOM a actuaciones de escasa entidad, el refuerzo de su régimen de responsabilidad, la creación de un registro público de sus actuaciones y la implantación de mecanismos de control posterior efectivos por parte del Ayuntamiento.
Desde el grupo municipal socialista advierten de que el modelo propuesto puede introducir “desigualdades en el acceso a los procedimientos urbanísticos”, favoreciendo, según dicen, vías más rápidas vinculadas a la capacidad económica de las personas promotoras.
“El urbanismo no puede convertirse en un sistema en el que quien paga más accede antes; no estamos ante un servicio bajo demanda”, señalan desde el grupo municipal, que recuerda que “no estamos hablando de Amazon Prime: el urbanismo no puede funcionar a base de pagar para que la licencia llegue más rápido”.
Por otra parte, subrayan que, a día de hoy, no existe una evaluación pública suficiente que demuestre que la implantación de las ECCOM mejore el control urbanístico o reduzca los riesgos asociados a las actuaciones, más allá de una previsible reducción de plazos derivada de la externalización de tareas.
“No estamos en contra de la agilidad administrativa”, concluyen, “pero simplificar no puede ser sinónimo de desproteger, ni agilizar puede implicar renunciar al control público”. El urbanismo, alertan, “afecta directamente al modelo de ciudad, al medio ambiente y al interés general, y por eso debe seguir sometido a criterios públicos, objetivos y garantistas”.