El PSdeG-PSOE de Ourense acusa a la Xunta de abandonar a las familias ourensanas de personas con discapacidad
El Grupo Provincial Socialista presentará una iniciativa en el próximo pleno de la Diputación de Ourense para exigir la gestión pública y directa del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD), tal y como aprobaron por unanimidad los grupos en el pleno del pasado 20 de diciembre.
“Nuestra preocupación es máxima porque la reivindicación de la provincia y de las familias siempre ha sido una gestión 100% pública del futuro Centro, y no el modelo elegido por la Xunta, que es contrario al sentido de las reivindicaciones y supone un agravio comparativo para Ourense respecto a las demás provincias gallegas”, subrayó el portavoz socialista en la Diputación, Álvaro Vila.
Para el diputado socialista, “con la decisión de sacar a licitación la gestión del futuro CAPD, el PP de Ourense privilegió claramente su ideología y lógica partidista sobre los intereses de la provincia y de las propias familias”. Vila añadió que “el PP consuma un nuevo agravio hacia la provincia y sanciona el desinterés de la Xunta hacia las familias de personas con discapacidad en Ourense”.
Según Vila, “hay claros indicios de que todo estaba bien planeado, de ahí la inmediata reacción del presidente Manuel Baltar al conocer la noticia, afirmando entender la decisión del gobierno autonómico, a pesar de que días antes defendió y votó lo contrario: la gestión pública directa del Centro”.
Una decisión reversible
El portavoz socialista destacó los cerca de 10 millones de euros invertidos en el futuro CAPD de Barrocás y los casi 14 millones de euros destinados a la licitación de su gestión, criticando la “incoherencia” y las “falsedades” del PP ourensano. “El partido de Baltar siempre subordina los intereses de la provincia a los del partido, y ahora pretende entregar el cuidado de las personas con discapacidad a una empresa para su lucro”, afirmó Vila.
El socialista condenó el “modus operandi habitual” del PP, que presenta decisiones unilaterales como hechos consumados y obliga a la sociedad a aceptarlas. Sin embargo, Vila aseguró que “la situación es reversible, ya que el Centro aún no se ha inaugurado, por lo que es posible garantizar una gestión completamente pública”.
Siguiendo las demandas de la Plataforma Pro CAPD, el Grupo Provincial Socialista exige que la conselleira de Política Social, Fabiola García, o el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúnan “a la mayor brevedad posible” con las familias, el presidente de la Diputación y los grupos con representación en la corporación provincial para “reconducir de forma urgente la situación”.
Junto a los diputados socialistas de la corporación provincial, en la rueda de prensa también estuvo el secretario provincial del PSdeG-PSOE y senador por Ourense, Rafael Rodríguez Villarino. Este destacó el “papel subordinado de la provincia de Ourense para un PP dominado por una ideología según la cual los programas sociales deberían desaparecer”.
Para el líder de los socialistas ourensanos, “la externalización del CAPD de Ourense demuestra que las personas no son una prioridad para la Xunta del PP, que opta por adjudicar el servicio a quienes consideran merecedores de remuneración, a la vez que ensalzan los privilegios de ser atendidos por una ONG”.
Villarino también denunció la “hipocresía” de figuras como el presidente Baltar o la diputada provincial y alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. “No dejan de decir que anteponen a los vecinos sobre cualquier ideología, simulando una especie de renuncia ideológica para mantener su base electoral, pero luego priorizan el beneficio económico de entidades privadas”, concluyó Villarino.
Los socialistas anunciaron la presentación de mociones a favor de la gestión pública directa del CAPD ourensano en todos los ayuntamientos de la provincia. “Estamos en pie de guerra porque Ourense merece un CAPD público y gestionado directamente por la Xunta, al igual que los de las demás provincias gallegas”, afirmó Vila.