El PSdeG-PSOE de Ourense finaliza la primera sesión de reuniones orgánicas con la vista puesta en las municipales de 2027
El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Ourense en el ayuntamiento de Ourense solicitará en los próximos días la convocatoria de un pleno extraordinario con el objetivo de reforzar las garantías democráticas en el desarrollo de las sesiones plenarias municipales.
La iniciativa surge después de que la formación socialista tuviera que recurrir a la vía judicial para que se reconociera lo que consideran un funcionamiento normal de la institución municipal. El propósito de la propuesta es abrir un espacio de diálogo político que permita revisar y, si fuera necesario, actualizar el reglamento que ordena la actividad del pleno.
La portavoz socialista, Natalia González, avanzó que se registrará una petición formal para la celebración de esta sesión extraordinaria, documento que será trasladado al conjunto de los grupos que integran la corporación municipal.
Según explicó, la intención es impulsar un debate institucional que favorezca la modificación de las normas internas de funcionamiento con el fin de garantizar que nunca se pueda limitar o vulnerar el derecho fundamental a la participación política de los concejales y concejalas.
La propuesta cobra mayor relevancia tras la lectura, en el pleno ordinario del mes de marzo celebrado esta mañana, de la sentencia que condena al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por vulneración de derechos fundamentales de la portavoz socialista en el ejercicio de sus funciones como representante municipal.
Los socialistas lamentan, además, que el regidor reiterase en diferentes ocasiones que lo dictaminado por las instancias judiciales no se ajusta a la realidad, llegando a formular públicamente la pregunta: “¿A quién van a creer, a la jueza, a Natalia o a mí?”, en referencia a las tres resoluciones judiciales que reconocieron los argumentos de la representante del PSdeG-PSOE.
Desde el grupo municipal socialista insisten en la necesidad de aprovechar este escenario para fortalecer el marco normativo que regula las sesiones plenarias y asegurar el respeto estricto a los derechos democráticos de todas las personas que forman parte de la corporación.
“El respeto institucional no puede depender de decisiones políticas ni de interpretaciones interesadas. La garantía de los derechos de participación es una obligación democrática que debe estar protegida en todo momento”, subrayó González, que también ejerce como secretaria general socialista en Ourense.