El servicio de transporte urbano de Ourense seguirá en precario
Tras conocerse que el Ayuntamiento de Ourense desiste del procedimiento de licitación del transporte urbano, "desde el Grupo municipal Socialista lamentamos que el servicio vaya a estar, al menos, un año más en precario".
"Para que se pueda desistir de un contrato, deben cumplirse tres requisitos: primero, que esto ocurra antes de la formalización del contrato; segundo, que se acredite que se ha producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de contratación; y, tercero, que se compense a aquellas empresas que concurrieron a la licitación, de buena fe, por los gastos en los que hayan podido incurrir", subraya la edil María Fernández.
Los pliegos de la licitación, tal y como advertía el grupo municipal, suponían una "práctica continuidad del anterior servicio, con las mismas carencias y los mismos retos por abordar. Una oportunidad más perdida para la mejora real" de un medio de transporte que utilizan, según los últimos datos, 5 millones de viajeros anuales en la ciudad.
Presentadas dos reclamaciones, el Tribunal de Contratación las estima parcialmente y el Ayuntamiento debe devolver los pliegos al departamento de contratación para solventar las deficiencias detectadas, reiniciándose el procedimiento. "Desistir de la licitación implica que se cumplirá una década del servicio en precario, y esta precariedad afecta directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad de Ourense", afirman.
La improvisación y el caos son la tónica dominante, según los socialistas, en una licitación que lleva más de 10 años esperando y para la que se tuvo tiempo suficiente de elaborar una mejor planificación. "Después de que Jácome empezara la casa por el tejado con la adquisición de 40 nuevos autobuses por 14 millones de euros, a día de hoy sigue sin funcionar al 100% la nueva flota de vehículos. Muchos de ellos están averiados, otros, como los trenes de las termas, desaparecidos; no hay estaciones de recarga por falta de previsión para los nuevos vehículos eléctricos, y se está pagando con dinero público naves de almacenamiento externas porque son incapaces de ponerlos en circulación ni de gestionar previamente unas nuevas instalaciones de carácter municipal", concluyen.