La Diputación de Ourense suma 87 concellos al censo provincial de amianto y avanza en la planificación de su retirada

OurenseXa
El programa 2025-2027 ya ha permitido analizar cerca de 49.000 edificios e incluye un visor web con mapa interactivo para evaluar riesgos y priorizar actuaciones
DEPUTACIÓN ourense amianto
2 Jan 2026

La Diputación de Ourense continúa desarrollando su programa de apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes para elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, una herramienta destinada a facilitar el cumplimiento de la Ley 7/2022 y la obligación municipal de identificar estos materiales y planificar su retirada.

Según la información trasladada por la institución provincial, al plan (en ejecución durante el período 2025-2027) están adheridos 87 concellos. La Diputación presta asistencia técnica y económica a través de AquaOurense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, y los trabajos comenzaron en junio, con un avance que ya se considera significativo.

Hasta ahora, 35 concellos han superado la fase inicial, en la que se elabora un censo preliminar y se realiza la teledetección de cubiertas de fibrocemento. Ese trabajo ha permitido abarcar alrededor de 49.000 edificaciones e identificar unas 16.500 cubiertas. Además, otros 26 concellos se encuentran en fase intermedia, centrada en el trabajo de campo y el cribado del censo, con cerca de 700 preinspecciones visuales en inmuebles públicos municipales. La Diputación indica que 18 concellos avanzan ya en la fase final, que incluye la documentación definitiva y una propuesta de calendario para la retirada del amianto.

El programa se completa con un visor web denominado LocAm, que permitirá a cada municipio disponer de un mapa interactivo con las edificaciones clasificadas según su nivel de riesgo, para apoyar el análisis técnico y la toma de decisiones.

Desde el área de Medio Ambiente de la Diputación subrayan que este plan pretende ser un apoyo clave, especialmente para los municipios más pequeños, para reforzar la protección de la salud pública y avanzar hacia una gestión más segura de las infraestructuras municipales.

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