La Diputación rechaza reactivar el Comité Ético

El Partido Popular (PP) y Democracia Ourensana (DO) impidieron con su voto negativo la aprobación de la moción presentada por el Grupo Provincial Socialista para reactivar el Comité Ético de la Diputación de Ourense, que lleva paralizado desde hace casi diez años. La iniciativa solicitaba la “activación urgente” del Comité Ético, así como el establecimiento de un procedimiento transparente e independiente para la elección de sus miembros, medidas para garantizar su autonomía funcional y la publicación anual de un informe de actividades.
En el marco del debate plenario que tuvo lugar hoy, la diputada socialista Elvira Lama defendió la propuesta al considerarla “un paso imprescindible para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la existencia de mecanismos efectivos de control ético e institucional”. Lamentó, sin embargo, que “como siempre, el PP optara por desviar la atención, reproduciendo los discursos virulentos de su partido en Madrid contra el Gobierno central, escapando de la realidad y de los asuntos que atañen a la corporación provincial con un tono totalmente impropio”.
Lama calificó de “inaudita” la afirmación del PP de que no es necesario un código ético porque, según dijeron los responsables populares, “quienes se dedican a la política ya saben cómo deben comportarse”. La diputada socialista no pudo evitar su “sorpresa” ante las resistencias del partido conservador, cuando este instrumento está recogido en la propia normativa de la Diputación de Ourense y lleva una década en pausa, tras la dimisión de sus miembros en el marco de una denuncia por acoso sexual.
“Negarse a activar este mecanismo es negar a la ciudadanía el derecho a saber que quienes ejercen cargos públicos lo hacen bajo criterios éticos claros, supervisados y con consecuencias”, añadió Lama. Según ella, “el PP prefiere mantener este vacío institucional y esconderse tras discursos partidistas y excusas injustificables”. El Grupo Socialista se compromete a seguir trabajando por una Diputación más transparente, ética y con vocación de servicio público real. “No dejaremos de insistir mientras continúe este desprecio por la rendición de cuentas y la dignidad democrática de nuestra provincia”, concluyó Lama.
EQUIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
Los socialistas lograron sacar adelante una moción para garantizar la equidad territorial en el acceso a la educación en nuestra provincia. La iniciativa, defendida por el diputado socialista por la comarca de Valdeorras, Aurentino Alonso, puso sobre la mesa una problemática que afecta a los municipios del oriente ourensano: la asunción de los gastos derivados de la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa. “Se trata de una clara injusticia, que penaliza a los ayuntamientos pequeños por facilitar que el alumnado realice los exámenes cerca de su residencia”, señaló Alonso.
El diputado explicó que Valdeorras es una de las tres únicas comarcas de Galicia —junto a Viveiro y Cee— donde los ayuntamientos deben afrontar los costes vinculados a la presencia del tribunal evaluador, que este año superan los 21.000 euros. Unos gastos que deben repartirse de forma proporcional entre municipios con presupuestos muy limitados, y que representan un esfuerzo económico desproporcionado. “No hablamos de un lujo, sino de un servicio esencial que evita largos desplazamientos a las ciudades y que beneficia a jóvenes del entorno rural”, afirmó.
La moción aprobada recoge la petición formal a la CIUG para la eliminación de estos costes, instando a la Diputación a actuar como mediadora ante la Xunta de Galicia con el objetivo de alcanzar soluciones justas y sostenibles. “La solidaridad de los municipios rurales debe ser reconocida, no penalizada. No se puede pedir más compromiso a quienes ya soportan las mayores dificultades estructurales”, insistió Alonso, quien agradeció el respaldo de la corporación a la propuesta socialista. La iniciativa también incluye el apoyo explícito a los ayuntamientos afectados y a su defensa de una educación pública, accesible e igualitaria.
Desde el Grupo Provincial Socialista subrayaron hasta qué punto la realidad del medio rural exige políticas públicas sensibles y con perspectiva territorial. “Cuanto más lejos estamos de los grandes centros, más discriminación sufrimos. Nuestra responsabilidad es garantizar que las oportunidades educativas no dependan del código postal”, concluyó Aurentino Alonso. La moción aprobada es una muestra más del compromiso socialista con la justicia territorial, la defensa del medio rural y el impulso de una provincia de Ourense cohesionada y con futuro.