La protesta de Ourense contra el acuerdo UE-Mercosur endurece el pulso y anuncia que mantendrá el cerco hasta el día 12
Las manifestaciones de ganaderos y agricultores en Ourense contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur han vivido una semana de escalada, con nuevas acciones de presión y un mensaje claro: la movilización no se detendrá mientras no haya una respuesta política ‘en serio’. El colectivo, activo desde finales de diciembre, reforzó su presencia en la ciudad coincidiendo con el final de las fiestas y el regreso a la actividad escolar y laboral.
El martes 6 de enero, la noche de Reyes terminó con un bloqueo simbólico en la Subdelegación del Gobierno: los manifestantes dejaron un tractor y rollos de paja cerrando las puertas del edificio y avanzaron que al día siguiente pretendían intensificar la protesta, con previsiones de superar las 130 máquinas en las calles.
El miércoles 7, el pulso subió de nivel. La entrada de la Subdelegación llegó a quedar inutilizada por pacas de paja y la propia administración avisó de que sus instalaciones permanecerían cerradas al público mientras se impedía físicamente el acceso. Los manifestantes aseguraban disponer de más de 150 tractores y reclamaban una interlocución directa con representantes del Gobierno central.
Ya el jueves 8, tras reunirse con el delegado del Gobierno en Galicia, la protesta retiró el tractor y la paja que bloqueaban las entradas, pero decidió en asamblea mantener la concentración al menos hasta el día 12. En paralelo, exigió una mesa ‘más allá de colores políticos’ con varias administraciones (Gobierno, Xunta y otros organismos) y advirtió de que, si no se concreta esa reunión, podría extender las movilizaciones a arterias principales, autovías y otras ciudades.
En el fondo, el sector sostiene que el pacto UE-Mercosur abriría la puerta a una competencia desleal por la entrada de productos más baratos con exigencias distintas a las europeas. A esa crítica suman otras reivindicaciones sobre rentabilidad, el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y la carga burocrática de la PAC, además de demandas vinculadas a sanidad animal.