Los socialistas exigen a Jácome una solución ante el conflicto urbanístico de la Plaza de San Antonio
Los socialistas ourensanos exigen al Gobierno Municipal que solicite la inejecución de la sentencia que pesa sobre la Plaza de San Antonio y que ponga solución a este conflicto urbanístico que se remonta a más de 30 años.
“Lo primero es formular un incidente de inejecución, al mismo tiempo que el Concello se prepare para solicitar al Juzgado una ejecución parcial para evitar la reposición al estado inicial, recuperando la titularidad del espacio bajo la plaza y procediendo a su concesión mediante canon, para poder repercutir sobre el mismo las eventuales indemnizaciones y así evitar que sobre la Administración local pese una hipoteca a largo plazo”, explica la edil socialista en el Concello de Ourense María Fernández.
En este sentido, recuerda también que esta fue la solución por la que optó en su día el ejecutivo socialista y que “consiguió salvar las edificaciones de la plaza San Antonio y evitar indemnizaciones millonarias”.
“El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, debería pedir disculpas al gobierno municipal socialista y, en particular, a la concejala de Urbanismo de aquel mandato, Áurea Soto, porque, con un elevado coste político y personal, hizo lo que había que hacer, priorizando el interés público y salvando las viviendas construidas, legalizadas en el año 2007 y sobre las que pesaba una sentencia de demolición. Gracias a su labor, el Concello de Ourense ahorró dinero a las arcas públicas y evitó el drama social del desalojo de las construcciones”, señala Fernández.
Los socialistas consideran que desde junio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el último recurso pendiente sobre el conflicto urbanístico y judicial iniciado por la solicitud de revisión de oficio de un particular sobre las licencias otorgadas en el subsuelo, el gobierno municipal ha tenido tiempo suficiente para evaluar posibles soluciones, pero ha preferido “perderlo buscando culpables”. El fallo del TSXG determinó el carácter público del subsuelo, anuló las licencias del aparcamiento, garajes privados y locales comerciales, y fue apoyado políticamente por Democracia Ourensana y el actual alcalde, Gonzalo Jácome.
“Si no son capaces de asumir sus responsabilidades, siempre pueden delegarnos las competencias en materia urbanística y ya nos ocupamos nosotros, como ya lo hicimos”, exhorta la edil y secretaria de Función Pública y Justicia del PSdeG.
Los socialistas reconocen que la solución no es sencilla y requiere compromiso, trabajo e implicación. Por un lado, recuperar los locales adquiridos de buena fe por la Seguridad Social pero en los que no se puede construir, lo que implica indemnizaciones de casi seis millones de euros. Explican que el Concello, olvidando sus obligaciones, ofreció un importe superior al finalmente decretado. Por otro lado, en un plazo de dos meses y bajo la imposición de multas, debe cesar la actividad en el aparcamiento y proceder a su desalojo, tal y como ha ordenado el juzgado.
Desde el PSdeG destacan que desde 2002, cuando la plaza de San Antonio se convirtió en uno de los problemas urbanísticos más complejos del país, los distintos gobiernos municipales, especialmente los socialistas desde 2007, han intentado encontrar una solución a las consecuencias de la especulación inmobiliaria de los años 90. “En ningún momento buscaron culpables, sino que utilizaron todos los recursos a su alcance para encontrar soluciones”, subrayan.
Los socialistas insisten en que, desde la entrada de Democracia Ourensana, la dejación de funciones del gobierno municipal, su falta de conocimientos en materia urbanística y la primacía de los intereses políticos sobre el bienestar vecinal han derivado en una falta total de defensa del interés público, tanto en este asunto como en muchos otros.
Ahora parece que la solución pasa por repetir lo que en su día hizo la concejala de Urbanismo: solicitar la inejecución de la sentencia. “Al grupo municipal socialista no nos sorprende porque ese es el camino que se debería haber seguido desde el primer pronunciamiento del Contencioso. Pero nunca es tarde si se adoptan las soluciones adecuadas. Por eso exigimos al ejecutivo, y especialmente al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que reconozca que estaba equivocado y que es muy fácil criticar sin conocimientos ni responsabilidades. Pero cuando le toca a él, se da cuenta de que la solución pasa por lo obvio: intentar salvar lo ya hecho para evitar un daño irreparable. No solo porque supondría hipotecar al Concello con indemnizaciones, sino por el drama social que podría ocasionarse”, concluye.