Los socialistas exigen a la Xunta que intervenga para resolver la discriminación salarial en el sector de la alimentación ourensano
La portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, acusó hoy al PP de “mirar para otro lado” ante la “profunda discriminación salarial” de las trabajadoras del comercio de alimentación en la provincia de Ourense. Dacosta acusó al PP de “dar la espalda” al sector al rechazar una proposición no de Ley en Comisión en la que se reclamaba a la Xunta que actúe como mediadora neutral y activa en este conflicto laboral.
Dacosta trasladó el apoyo del Grupo Socialista a estas trabajadoras, que cobran mucho menos que en A Coruña o Pontevedra, en ocasiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, mientras los beneficios empresariales se disparan. Resumió que mientras Supermercados Cuevas incrementó sus beneficios un 70 por ciento, Froiz un 98 por ciento y Gadis un 64 por ciento, las trabajadoras perdieron más de 3.800 euros de poder adquisitivo, y las cajeras o reponedoras cobran por debajo del salario mínimo.
Reclamó unas condiciones laborales “dignas, justas y equiparables al resto de trabajadores del sector” en otras provincias gallegas, y apeló a la “responsabilidad y a recuperar una voluntad real de negociación que permita corregir unos desequilibrios retributivos injustificables”. Acusa al sector empresarial de presentarse a la negociación de las condiciones laborales partiendo de cifras “claramente insuficientes”, sin equiparación con las condiciones de A Coruña o Pontevedra.
Explicó que en el convenio que se está negociando desapareció el complemento de antigüedad y no existen otros complementos específicos, apenas hay margen para compensaciones, lo que resume la propuesta inicial de la patronal como “claramente inaceptable”. Esta situación derivó en dos jornadas de huelga los pasados 16 de mayo y 7 de junio, con un seguimiento masivo, y dos nuevas jornadas convocadas para los próximos 24 y 26 de julio.
La responsable socialista señala que “no hay razón alguna para mantener esta discriminación salarial” que afecta a Ourense, que está siendo utilizada como “laboratorio de la desigualdad” y convertida en la “provincia de la precariedad consentida”. Instó al PP y al gobierno gallego a “ponerse del lado de las trabajadoras y de la justicia” porque, dijo, “hablamos de dignidad, de igualdad y del futuro de una provincia que suma décadas de discriminación y de abandono institucional”.
Dacosta reclamó al gobierno gallego que defienda la igualdad territorial y laboral, y respalde las reivindicaciones “razonables y justas” de las trabajadoras, que reclaman alcanzar los 19.500 euros brutos en 2024, incorporar una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC y compensar los atrasos acumulados en estos años.