El Grupo Provincial Socialista presentará una propuesta en el próximo Pleno de la Diputación de Ourense para exigir que la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) sea pública y directa, tal y como se acordó por unanimidad en la sesión plenaria del pasado 20 de diciembre.
“Nuestra preocupación es máxima porque la reivindicación de la provincia y de las familias siempre fue clara: una gestión 100% pública del futuro Centro. Sin embargo, la fórmula elegida por la Xunta contradice estas demandas y supone un agravio comparativo para Ourense respecto a las demás provincias gallegas”, afirmó Álvaro Vila, portavoz socialista en la Diputación.
Según el diputado socialista, “la decisión de licitar la gestión del CAPD demuestra que el PP de Ourense priorizó su ideología y los intereses del partido por encima de las necesidades de la provincia y de las familias”. Vila criticó duramente esta medida, calificándola como “un nuevo agravio del PP hacia Ourense” y una muestra del desinterés de la Xunta por las personas con discapacidad en la provincia.
Decisión cuestionada y factible de revertir
Vila también destacó los "claros indicios" de que todo estaba previamente planificado, señalando la rápida reacción del presidente provincial, que apoyó la decisión de la Xunta a pesar de haber defendido y votado recientemente por la gestión pública directa del Centro.
El portavoz socialista subrayó que el futuro CAPD de Barrocás supone una inversión de cerca de 10 millones de euros, con otros 14 millones destinados a la licitación de su gestión, y denunció la "incoherencia" del PP ourensano. Según Vila, esta postura responde al interés de entregar la gestión del cuidado de las personas con discapacidad a una empresa privada para su lucro.
A pesar de todo, Vila aseguró que la situación es reversible, ya que el Centro aún no está operativo, lo que permitiría tomar medidas para garantizar que su gestión sea completamente pública.
El Grupo Provincial Socialista exigió que la conselleira de Política Social, Fabiola García, o el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantengan una reunión urgente con las familias afectadas, el presidente de la Diputación y los grupos políticos provinciales para buscar una solución inmediata.
Los socialistas critican el papel subordinado de la provincia frente al PP
Según Villarino, “la externalización del CAPD evidencia que las personas no son una prioridad para el PP, que prefiere delegar la gestión a entidades privadas y aprovecharse del trabajo de las ONG”.
Asimismo, Villarino destacó la "hipocresía" de figuras como el presidente provincial o la diputada Patricia Torres. “El partido de Menor siempre supedita los intereses de la provincia a los del partido, queriendo entregar ahora el cuidado de las personas con discapacidad a una empresa para su beneficio”.
Los socialistas anunciaron que presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para defender la gestión pública directa del CAPD de Ourense. "Estamos preparados para esta lucha, porque Ourense merece un CAPD público y gestionado directamente por la Xunta, igual que en las demás provincias gallegas", concluyó Vila.
