Los socialistas ourensanos presentan una iniciativa para crear un Banco Público de Alquiler
El PSdeG de Ourense, junto a las Juventudes Socialistas, presentaron este jueves una iniciativa conjunta con el objetivo de poner en marcha un Banco Público de Alquiler. En la presentación de esta iniciativa estuvieron presentes la diputada en el Parlamento, Carmen R. Dacosta; el secretario de organización de los socialistas en Ourense, José Ramón F. Morgade; y las concejalas del Ayuntamiento de Ourense e integrantes de la Comisión Ejecutiva Municipal, María Fernández y Alba Iglesias, quienes acompañaron al secretario general de Juventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval, y a su homólogo en la ciudad, Miguel Gómez, en una rueda de prensa en la plaza do Ferro.
Desde la organización juvenil subrayaron que se trata de una medida “pensada para toda la gente, pero sobre todo para los 250.000 jóvenes” que no pueden emanciparse y destinan “más del 60% de sus ingresos al alquiler”. “En la ciudad de Ourense hay más de 18.000 viviendas vacías esperando ser catalogadas por la Xunta como desocupadas, las cuales el gobierno de Jácome no inspecciona porque le preocupa más la Gramola”, lamentaron.
Miguel Gómez, secretario general local de Juventudes Socialistas, explicó que “esta medida revitalizaría el casco histórico de la ciudad y facilitaría el acceso a la vivienda a la gente joven, y no tan joven, en el centro de la ciudad sin tener que buscar fuera de ella”.
Por su parte, Xurxo Doval, secretario general gallego, remarcó que el objetivo es que las personas no destinen más del 30% de su salario al alquiler, en una Comunidad Autónoma donde “1 de cada 3 gallegos cobra el Salario Mínimo Interprofesional o menos”.
“Cuando hay un problema, proponemos soluciones, y esta es la nuestra para las 18.000 viviendas vacías de Ourense, mientras Ayuntamiento y Xunta no hacen nada, ni dejan actuar al Gobierno de España”, enfatizó el socialista.
El Banco Público de Alquiler, o Banco Gallego de Vivienda, sería un organismo público dependiente de la Xunta que actuaría como intermediario entre arrendador y arrendatario. Según el PSdeG y las Juventudes Socialistas, ponerlo en funcionamiento solo requiere voluntad política. Además, permitiría que la ciudadanía gallega alquilara pisos en buenas condiciones y a un precio justo, mientras que los propietarios contarían con la garantía jurídica y la seguridad del pago de la mensualidad por parte del gobierno autonómico.