Los socialistas reclaman al Concello de Ourense que solicite el canon reducido de SOGAMA para evitar un sobrecoste en 2026
El Grupo Municipal Socialista acaba de registrar varias preguntas en el Concello de Ourense para saber si el gobierno local ha solicitado la adhesión al canon reducido de tratamiento de residuos domésticos de SOGAMA para el año 2026, una opción que permitiría un ahorro económico significativo para las arcas municipales.
Según recuerdan los socialistas, la normativa publicada en el Diario Oficial de Galicia establece para 2026 un canon ordinario de 111,13 euros por tonelada más IVA, frente a un canon reducido de 97,76 euros por tonelada más IVA. Para poder beneficiarse de esta tarifa más baja, el ayuntamiento debe presentar la solicitud antes del 5 de marzo de 2026 y cumplir, al menos, uno de los requisitos ambientales recogidos en la ley.
Desde el grupo municipal destacan que la diferencia entre ambos importes es de 13,37 euros por tonelada y que, teniendo en cuenta el volumen anual de residuos que gestiona la ciudad, el ahorro podría situarse en varios cientos de miles de euros al año. Por este motivo, advierten de que no acogerse al canon reducido supondría “pagar más por el mismo servicio” únicamente por no realizar un trámite dentro del plazo establecido.
Los socialistas consideran que renunciar a esta posibilidad no sería un simple error administrativo, sino una decisión política con consecuencias directas en las cuentas municipales y, en última instancia, en la ciudadanía. Señalan además que el procedimiento está claramente regulado y no presenta una especial complejidad.
Junto al impacto económico, el canon reducido está vinculado a objetivos ambientales básicos, como la reducción de la fracción resto o la mejora de la recogida selectiva, ámbitos en los que, según el grupo socialista, Ourense presenta importantes carencias de planificación y gestión.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local que informe de inmediato si ya ha solicitado el canon reducido, que lo haga antes de que finalice el plazo legal en caso de no haberlo hecho, y que dé explicaciones si, por inacción, la ciudad pierde un ahorro económico que consideran perfectamente evitable.