Tensión en el pleno extraordinario del Concello de Ourense tras el abandono del BNG
El pleno extraordinario del Concello de Ourense celebrado esta semana estuvo marcado por la tensión política, especialmente después de que el grupo municipal del BNG abandonara la sesión en señal de protesta contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, al que acusan de “pervertir el debate político” y de recurrir a “personal externo a la Corporación cuando no tiene argumentos políticos para rebatir a los del BNG”. Por su parte, el PSdeG aprovechó el debate para denunciar “la falta de gestión y ambición” del ejecutivo local en materia de servicios públicos, así como el impacto de la subida de la tasa del agua en las familias con menos recursos.
Durante la sesión, en la que se abordaba una modificación de crédito para destinar más de 24 millones de euros al pago de deudas con las concesionarias de los servicios de agua y basura, el portavoz nacionalista, Luís Seara, decidió abandonar el salón tras la intervención del secretario general del Ayuntamiento. “No es la primera vez que ocurre y no podemos permitirlo”, afirmó Seara, quien acusó al alcalde de “cobardía ante la falta de argumentos para rebatir los nuestros”.
“Nosotros venimos a debatir en el Pleno con nuestros argumentos políticos, no a confrontar con ningún técnico. Lo que ha sucedido hoy nos parece grave porque revela la cobardía del propio alcalde, que ante la falta de argumentos utiliza a su primo de zumosol, el secretario general”, añadió. Para el BNG, lo sucedido constituye “una perversión del debate político que no vamos a tolerar”.
Seara también advirtió sobre las consecuencias de la tramitación de la Modificación de Crédito 5P/2025, afirmando que “acaban de inventarse un nuevo procedimiento” y que el BNG se ve “legitimado para presentar enmiendas a todos los expedientes de modificación de crédito que lleguen a debate”.
En la misma sesión, tanto el PP como el PSdeG criticaron duramente la gestión de Pérez Jácome en relación con los servicios públicos y con la subida de las tarifas del agua.
La portavoz socialista, Natalia González Benéitez, calificó de “inadmisible” que el Ayuntamiento “continúe funcionando con todas las concesiones de servicios fundamentales en precario, con el coste que eso supone para la ciudadanía”.
Benéitez recordó que “Gonzalo Pérez Jácome fue quien llevó a su antecesor a los tribunales por no ser capaz de licitar ninguna de las concesiones. Y yo me pregunto por qué, si es cierto lo que dice el alcalde de que las concesiones en precario no suponen un coste mayor para los vecinos, hace unos meses tuvimos que pagar varios millones de euros a la empresa de transporte urbano”.
La concejala María Fernández Ojea también se pronunció contra la nueva ordenanza de tarifas del agua, asegurando que “tenemos una ordenanza impecable pero sin implicación política”, y denunció que “se descartaran alegaciones de la Asociación Gallega de Familias Monomarentales porque, como no son más, no consumen más y no pueden beneficiarse del mismo bono que las familias numerosas”.
Las socialistas votaron en contra de la ordenanza por considerar que supone “un esfuerzo para muchas familias de Ourense que ya padecen la subida generalizada de precios mientras los salarios no aumentan al mismo ritmo”.
En cuanto a la modificación de crédito 7P, el PSdeG optó por la abstención, argumentando que, aunque suponga cierto ahorro al evitar intereses judiciales, “no va a poner orden ni solución al desastre que tienen en los servicios”.
Por último, las socialistas también cuestionaron el plan municipal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 2025-2028, que el gobierno local había calificado de “ambicioso”. Fernández Ojea replicó que “ambicioso sería apostar por un servicio moderno, adaptado a la tercera ciudad de Galicia, en el que el personal cobrara sus salarios íntegros”, y lamentó que el ejecutivo se limite “a arreglar el sótano por filtraciones y a comprar una escalera imprescindible, en una actitud más de beneficencia que de apuesta por los servicios públicos”.
La jornada plenaria dejó así una nueva muestra de la profunda división política en el Ayuntamiento de Ourense, con un BNG que denuncia la deriva autoritaria del alcalde y un PSdeG que acusa al gobierno local de incapacidad y dejadez en la gestión de los servicios esenciales.