Trabajadoras de cuidados reclaman convenios dignos y más personal en Galicia

Empleadas de residencias privadas de mayores y de los Servicios de Ayuda a Domicilio se movilizaron este lunes de forma simultánea en las cuatro provincias gallegas para demandar convenios colectivos justos, un aumento de las plantillas y una mejora de la calidad asistencial.
Las concentraciones se llevaron a cabo ante las jefaturas territoriales de Política Social en A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo, y también sirvieron para entregar escritos solicitando una reunión urgente con la conselleira con el fin de abordar la situación crítica que atraviesa el sector.
Estas protestas se enmarcan dentro de la campaña que la CIG viene desarrollando en los últimos meses para dignificar y reconocer el trabajo en el ámbito de los cuidados, exigiendo a la Consellería de Política Social que asuma su responsabilidad como administración competente en Galicia, tanto en lo que respecta a la fijación de ratios de personal como en el control inspector. Desde el sindicato también se responsabiliza a la Xunta de la política de privatización de los servicios, considerada el origen de la precariedad laboral y del deterioro de la atención a las personas usuarias.
Según subrayó Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, durante la protesta en A Coruña, “Política Social es responsable de la grave situación laboral que existe tanto en las residencias de mayores como en el SAF”. Naya recordó que el sector, integrado mayoritariamente por mujeres, es esencial para el apoyo a la población envejecida en Galicia, pero sigue estando crónicamente infravalorado y con unas condiciones laborales que calificó de “auténtica miseria”.
La CIG denuncia además que las negociaciones del convenio colectivo de las residencias privadas y centros de día están bloqueadas por la patronal desde octubre pasado, después de que las trabajadoras rechazasen en asamblea una propuesta empresarial que mantenía los salarios por debajo del SMI, no contemplaba mejoras en la cobertura de bajas ni en la reducción de jornada, tampoco avanzaba en compensaciones por trabajar en festivos ni introducía beneficios sociales.
En el caso de los Servicios de Ayuda a Domicilio, la situación es aún más grave: llevan desde 2010 sin negociar un convenio colectivo. Un preacuerdo firmado en 2022 por UGT y CCOO, que introducía una doble escala salarial, provocó una huelga histórica de 28 días convocada por la CIG en noviembre de ese mismo año, que obligó a revertir el acuerdo. Sin embargo, desde entonces no se han logrado avances significativos en la actualización del convenio.
“Exigimos a la Consellería que adopte medidas urgentes para mejorar las condiciones de estas trabajadoras y que sitúe los cuidados en el centro de la política social. Algo que, aunque parezca obvio, no se está cumpliendo. La Xunta continúa apostando por la privatización y la precarización del sector”, concluyó Naya.