Un proyecto liderado desde Campus de Ourense recibe el XXII Premio de Investigación del CES
El Consejo Económico y Social de España (CES) otorgó su XXII Premio de Investigación, con una dotación de 40.000 euros, al proyecto Guardianes digitales para un crecimiento sostenible: ciberseguridad y protección ciudadana en la era de la transformación digital. El trabajo, liderado por Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, contó con la colaboración de un equipo interdisciplinario compuesto por investigadores de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela, especializados en economía, derecho, organización empresarial e inteligencia artificial.
Al recibir el premio, Vaquero agradeció al CES por la oportunidad de realizar un estudio que, según destacó, busca ser un referente por su enfoque multidisciplinar e inclusivo. El proyecto se dirige a un público no técnico, con el objetivo de hacer accesibles temas de ciberseguridad al usuario común, subrayando su relevancia para los derechos digitales, las empresas y las instituciones.
Ciberseguridad desde una visión integral
El trabajo analiza el impacto socioeconómico de la ciberseguridad en España, evaluando riesgos y oportunidades asociados a las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y el comercio electrónico. Propone un sistema de ciberseguridad que minimice amenazas, promueva la innovación y fortalezca la resiliencia de empresas y organizaciones, además de proteger los derechos de consumidores y usuarios.
El estudio alerta sobre la necesidad de adaptación a la transformación digital para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las empresas en un entorno globalizado. Asimismo, resalta que la ciberseguridad es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, actuando como motor estratégico tanto por su capacidad de generar empleo como por su impacto en otros sectores económicos.
El proyecto también pone de manifiesto la urgencia de coordinar esfuerzos normativos y estructurales para responder al aumento de delitos digitales y a la evolución de un marco regulatorio a menudo inadecuado. Según los investigadores, solo mediante la combinación de innovación tecnológica, cooperación público-privada y formación continua se podrá garantizar un entorno digital seguro, inclusivo y esencial para el desarrollo sostenible y la protección de los derechos ciudadanos.