El juez mantiene la imputación por prevaricación y rechaza ampliar la causa contra Pérez Jácome
El magistrado instructor de la causa abierta contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por presunta prevaricación, mantiene su criterio y no ve razón para ampliarla a nuevos delitos. Por el momento, la investigación se limita a una posible prevaricación continuada, tal y como ya recogía el auto dictado el pasado mes de abril, en el que además se daba por concluida la fase de instrucción.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el exconcejal Telmo Ucha, sostiene que los hechos también podrían encajar en delitos de malversación y falsedad documental. Esta parte solicita que el regidor sea condenado a penas de prisión, inhabilitaciones de larga duración y a indemnizar al Concello de Ourense con una cantidad cercana al medio millón de euros.
En su informe, el Ministerio Fiscal aprecia únicamente indicios de prevaricación. No obstante, advierte de la posible incompatibilidad entre la actividad privada del alcalde, vinculada a la televisión Auria TV y con ingresos relevantes, y su cargo público.
Mientras tanto, la defensa de Jácome insiste en solicitar el archivo de la causa y evitar así que el alcalde tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.
IMPUTADO POR PREVARICACIÓN
Gonzalo Pérez Jácome fue imputado el pasado 14 de abril por un presunto delito continuado de prevaricación al compatibilizar su cargo con actividades privadas, especialmente en lo relacionado con Auria TV, sin la correspondiente autorización.
El juez considera que Jácome actuó de forma “arbitraria” y “carente de respaldo legal”, al no someter esta decisión al órgano competente, es decir, al pleno municipal, “a pesar de tener obligación legal de hacerlo y a sabiendas de la ilegalidad que ello supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales al cobrar un salario que, de no serle concedida la compatibilidad, no tendría derecho a percibir”, acusándolo de tener un comportamiento “obstruccionista”.
Según el juez, la necesidad de regularizar estas actividades se hace aún más evidente al tratarse de “ingresos de cierta entidad”, pero el alcalde se negó en varias ocasiones a hacerlo alegando que no tenía obligación, un argumento que la justicia rechaza, afirmando que “lo que no se ajusta a la ley es que el investigado realice una interpretación individualizada y totalmente favorable a sus intereses afirmando que no tiene obligación de presentar la solicitud de compatibilidad”.
Es más, el juez asegura que la conducta mantenida hasta la fecha por el alcalde de Ourense es “una vulneración absolutamente grosera” de la legislación, siendo “plenamente consciente de ello” y a sabiendas “de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se causaba a las arcas municipales al cobrar una cantidad en concepto de salario a la que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad discutida”.
En este sentido, el magistrado advierte de que durante aproximadamente 7 años el alcalde de Ourense habría percibido fondos públicos a los que no tendría derecho en caso de haber sometido la decisión al pleno y de que este la hubiese rechazado. Unos años en los que el alcalde habría percibido una suma de más de 430.000 euros: 69.925,94 en 2020, 70.555,24 en 2021, 73.024,70 en 2022, 75.215,42 en 2023, 77.457,30 en 2024 y 66.699,96 hasta noviembre de 2025.
La situación se agrava, según la instrucción, al conocerse que Jácome llegó a presentar un escrito solicitando la compatibilidad y que, sin embargo, fue retirado antes de la celebración del pleno. El juez califica de “extraño” el comportamiento del alcalde al retirar dicho documento, asegurando que su actitud lleva a pensar que “tenía plena conciencia de que no se le iba a reconocer la referida compatibilidad”.