El Pleno de Ourense aprueba la gestión pública y directa del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD)

OurenseXa
El PSdeG reclama que el nuevo centro de discapacidad cuente con una gestión pública directa, ante las abstenciones del PP y DO
María Fernández Ojea, grupo municipal socialista de Ourense
8 nov 2024

El grupo municipal del PSdeG en el Ayuntamiento de Ourense consiguió aprobar su moción para instar a la Xunta de Galicia la que la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) sea pública y directa, garantizando así la calidad de los servicios con profesionales de la administración pública. La iniciativa salió adelante a pesar de las abstenciones del Partido Popular (PP) y Democracia Orensana (DO).

Durante la defensa de la moción, Natalia González Benéitez, portavoz socialista, recordó la lucha de más de ocho años que las familias vienen realizando para conseguir que la Xunta cumpla el compromiso adquirido en 2016 de ofrecer en Ourense una atención pública y @de proximidade, como ya ocurre en otras provincias gallegas. “No piden más del que ya tienen el resto de provincias de Galicia”, insistió González, destacando la importancia de que el centro sea público y evite la externalización de servicios en empresas privadas.

La portavoz añadió que los futuros usuarios del CAPD, personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, merecen instalaciones dignas y un servicio integral, que incluya un centro residencial, un centro de día y plazas de respiro familiar, según el compromiso unánime de las formaciones políticas en 2016. “Se trata de un espacio vital para estas personas, donde van a pasar el resto de su vida, y tienen derecho a recibir una atención en igualdad de condiciones”, afirmó.

Por otro lado, el PSdeG no consiguió que prosperara su propuesta para que el alcalde revocara la restricción horaria en los parques e instalaciones deportivas municipales al aire libre, debido al voto en contra de DO y a la abstención del PP. González criticó la decisión unilateral del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, alegando la falta de informes que la avalen y de efectivos suficientes en la Policía Local para aplicar la medida. La portavoz socialista consideró “incomprensible” que decisiones de este tipo no sean consensuadas con el resto de grupos y con el vecindario, recordando que el adecuado sería acompañarlas con alternativas e información clara sobre su implementación.

En lo tocante al servicio de transporte urbano, la edil Alba Iglesias, de Juventudes Socialistas, recriminó al alcalde a falta de atención al deterioro del servicio. “Convenido al alcalde a subir en un bus urbano y vivir la frustración del vecindario que depende del transporte público. Estamos peor que nunca", criticó.

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