El PSdeG-PSOE reivindica en O Carballiño la defensa de las pensiones públicas en campaña electoral

El PSdeG-PSOE de Ourense celebró este lunes una rueda de prensa en O Carballiño para poner el foco, en los primeros compases de la campaña de las elecciones generales, en la defensa de las pensiones públicas y en la mejora del poder adquisitivo de las personas mayores. La formación socialista reivindicó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de revalorización de las prestaciones conforme al IPC, en contraste con la etapa del Partido Popular bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando las subidas quedaron limitadas a un 0,25 % anual, lo que supuso, según los socialistas, una pérdida sostenida de poder adquisitivo para los pensionistas.
Desde el partido insistieron en que las pensiones deben entenderse como un derecho y no como un privilegio, subrayando que su protección resulta especialmente relevante en una provincia como Ourense, muy afectada por el envejecimiento poblacional. Según datos referidos a octubre de 2026, la provincia cuenta con 109.915 pensiones contributivas, con una cuantía media de 1.028,91 euros al mes, por debajo de los 1.376,14 euros de media estatal.
La pensión media de jubilación en Ourense se sitúa en 1.144,37 euros mensuales, mientras que la de viudedad alcanza los 718,96 euros, con un total de 24.464 pensiones de este tipo en la provincia. En conjunto, la nómina mensual de las pensiones contributivas ourensanas suma 113,09 millones de euros, una cifra que, según los socialistas, refleja el peso que estas prestaciones tienen en la economía local.
La candidata al Senado, María Fernández Ojea, subrayó que las pensiones constituyen uno de los pilares del bienestar en la provincia, al sostener no solo el derecho individual de cada pensionista, sino también la viabilidad económica de numerosos concellos, del pequeño comercio y de los servicios de proximidad. La candidata comparó la evolución de las pensiones desde 2018, cuando la jubilación media en Ourense era de 765,60 euros, con los 1.144,37 euros actuales, lo que supone un incremento de 378,77 euros mensuales, equivalente a un 49,5 %. Para Fernández Ojea, esta evolución demuestra que, en su opinión, “esta es la política útil, garantizar que las personas que trabajaron toda su vida puedan vivir con más seguridad y dignidad”.
La representante socialista contrapuso esta trayectoria a la etapa de gobierno del PP con Mariano Rajoy, cuando las revalorizaciones apenas alcanzaban el 0,25 % anual, una cifra que, a su juicio, no compensaba la inflación y perjudicaba a los pensionistas.
El impacto de las pensiones en la economía rural de la provincia fue otro de los aspectos destacados en la comparecencia. Según los datos aportados, en 41 de los 92 concellos ourensanos las pensiones aportan más ingresos a los hogares que los propios salarios, lo que ilustra su papel en el sostenimiento del consumo y los servicios locales, sobre todo en el ámbito rural. A nivel autonómico, las pensiones representan el 26,2 % de los ingresos de los hogares gallegos, proporción que en Ourense se eleva hasta el 30,8 %, es decir, prácticamente uno de cada tres euros que entran en los hogares de la provincia procede de una pensión.
Fernández Ojea insistió en que defender las pensiones equivale a defender el futuro de los concellos, ya que cada actualización repercute directamente en la capacidad de compra de las personas mayores y, por extensión, en el comercio, la hostelería y los negocios locales.
Por su parte, el candidato al Congreso, Brian Diz González, puso el acento en que uno de los grandes logros de los gobiernos socialistas fue blindar legalmente, a través de la Ley 21/2021, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, evitando que dependa de la voluntad política de cada Ejecutivo. En 2026, las pensiones contributivas se actualizan con carácter general un 2,7 %, mientras que las mínimas suben más de un 7 % y las no contributivas junto con el Ingreso Mínimo Vital se incrementan un 11,4 %.
Diz González defendió que lo que hizo el PSOE fue “garantizar por ley que las pensiones no pierdan poder adquisitivo”, calificándolo como un derecho conquistado por generaciones de trabajadores y no como una concesión de ningún gobierno. El candidato recordó además que tanto el PP como Vox votaron en contra de la ley que en 2021 estableció la actualización de las pensiones conforme al IPC, y volvió a poner en contraste esa decisión con la etapa de Rajoy, en la que las subidas se limitaron al 0,25 % anual.
El candidato socialista también alertó sobre los modelos que, a su juicio, pretenden trasladar la responsabilidad de las jubilaciones hacia el ahorro individual y los mercados financieros, frente a lo que defendió como un sistema público, solidario y garantista en el que la jubilación digna sea un derecho y no dependa de la capacidad económica de cada persona.
Los socialistas concluyeron su comparecencia señalando que la campaña debe servir para contraponer dos modelos: uno que actualiza las pensiones y refuerza las mínimas, y otro que, según afirmaron, tiende a congelar las prestaciones cuando gobierna.