La Diputación de Ourense destina cerca de 7,8 millones a unas 200 actuaciones en los municipios de la provincia
El pleno de octubre de la Diputación de Ourense ha sacado adelante una modificación presupuestaria por valor de 7.799.179,82 euros, con la que la institución provincial amplía sus partidas gracias a un mayor volumen de ingresos de lo previsto. Del total, más de 6,3 millones de euros tienen como destino directo los ayuntamientos de la provincia.
Esa cantidad se reparte en 184 actuaciones que beneficiarán a los 92 municipios ourensanos y a una mancomunidad. La mayor parte de ese dinero, casi 5 millones de euros, se empleará en obras y equipamientos muy diversos: desde residencias de mayores y rehabilitación de viviendas hasta instalaciones deportivas y culturales, arreglo de calles y carreteras locales, compra de maquinaria, mejoras de eficiencia energética, captación y suministro de agua, saneamiento, iluminación pública, y proyectos relacionados con el medio ambiente y el turismo. Entre estas partidas figura también una ayuda de 15.000 euros al Concello de Ourense para el auditorio municipal.
A esas ayudas se suma otro 1,44 millones de euros procedentes de un convenio con la Consellería de Medio Rural, pensado para que los ayuntamientos compren maquinaria de prevención de incendios forestales. En concreto, once concellos y una mancomunidad recibirán 120.000 euros cada uno para hacerse con un tractor con rozadora, dentro del acuerdo firmado para este año.
Fuera del apartado municipal, la Diputación también ha reforzado con cerca de 600.000 euros el funcionamiento de sus propios servicios, en buena parte para hacer frente a la subida del gasto en electricidad de los edificios provinciales. Asimismo, se han incorporado unos 790.000 euros para cubrir compromisos pendientes con la empresa Meisa, y 34.000 euros adicionales ligados al plan de obras con el Concello de Ourense, repartidos entre la prórroga de tres actuaciones del periodo 2025-2026 y el arranque de un nuevo programa para 2026-2027.
Cambios en la gestión de residuos y en el calendario de plenos
La sesión también aprobó una modificación de la ordenanza de residuos para que el Concello do Barco de Valdeorras pase a formar parte del servicio provincial de recogida, transporte y tratamiento, con efecto desde el 1 de enero de 2027. Con esta incorporación, serán ya 61 los ayuntamientos que tengan delegada en la Diputación esta competencia.
Por otro lado, la coincidencia con las elecciones generales ha obligado a mover el pleno ordinario de noviembre, que finalmente se celebrará el 3 de diciembre; las comisiones informativas previas tendrán lugar el 25 de noviembre.
Una propuesta de metro ligero y una moción sobre las pensiones
Entre las propuestas debatidas, la Corporación ha dado el visto bueno a una iniciativa para estudiar un sistema de transporte de proximidad basado en un metro ligero de superficie, aprovechando vías férreas que hoy están en desuso. La idea es construir una red que una la ciudad con sus barrios, el campus universitario y los polígonos industriales, y que llegue también a municipios como Ribadavia, O Carballiño u Os Peares, con una población potencial de servicio de unas 170.000 personas.
Se trata de retomar y poner al día un proyecto planteado hace más de dos décadas, con el objetivo de crear un transporte público sostenible que conecte los puntos con más actividad industrial, sanitaria y universitaria. La propuesta reclama además un sistema metropolitano coordinado en sus horarios con esta nueva línea, para que moverse entre municipios cercanos resulte más sencillo, y pide la implicación de todas las administraciones —estatal, autonómica y local— para que el proyecto pueda hacerse realidad.
La Corporación respaldó igualmente una moción a favor del mantenimiento del sistema público de pensiones como pilar del Estado del bienestar y factor de cohesión social y territorial. Entre las peticiones recogidas en el texto están que la Diputación se comprometa expresamente con este sistema, que rechace su privatización o su sustitución por modelos de capitalización individual, y que los planes privados de ahorro se mantengan siempre como un complemento voluntario, no como alternativa.
El texto pide además que la institución defienda la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo y que se adopten medidas para que los pensionistas del medio rural tengan el mismo acceso a los servicios públicos que el resto de la población.