La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación par Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación por un supuesto delito continuado de prevaricación por no haber solicitado ante el pleno municipal la compatibilidad entre sus ingresos públicos y privados.
Según el escrito del Ministerio Público, Jácome percibió durante su mandato una retribución como alcalde con dedicación exclusiva al tiempo que mantuvo ingresos procedentes de negocios privados, especialmente vinculados al canal de televisión local Auria TV. La Fiscalía considera que esta situación no fue puntual ni accesoria, sino una actividad económica relevante que coexistía con su salario público sin la correspondiente autorización.
En el plano económico, el informe fiscal recoge que el regidor acumuló más de 460.000 euros en sueldos públicos entre 2019 y 2025. A esta cifra se suman cerca de 787.000 euros procedentes de actividades privadas entre 2019 y 2024, una parte significativa vinculada a la mencionada televisión local, que también se nutre, según la investigación, de fondos relacionados con la representación política de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento y en la Diputación.
La acusación sostiene además que el alcalde figuraba simultáneamente en distintos regímenes de la Seguridad Social, lo que reforzaría la idea de una actividad profesional continuada más allá de sus funciones institucionales. Además de Auria TV, la Fiscalía también apunta a ingresos derivados de operaciones en el ámbito de la promoción inmobiliaria. El Ministerio Público concluye que estas actividades no tenían carácter secundario, sino que formaban parte de una estructura económica consolidada.
Para poder compatibilizar ingresos públicos y privados, sería necesario el visto bueno del pleno municipal, algo que, según la Fiscalía, no llegó a solicitarse. El escrito apunta a que esta omisión fue consciente, ya que la autorización implicaría tener que renunciar a una de las situaciones incompatibles.
En caso de condena, la petición de inhabilitación supondría la imposibilidad de ocupar cargos públicos electivos o de confianza en cualquier administración, tanto a nivel local como autonómico, estatal o europeo. Esto afectaría directamente a su continuidad política y a su capacidad para concurrir a elecciones.
La causa continúa pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Ourense, que debe decidir sobre los recursos presentados contra el auto de imputación. Mientras tanto, la defensa del alcalde reclama el archivo del procedimiento, mientras la acusación particular eleva su petición hasta once años y medio de prisión, incluyendo también supuestos delitos de malversación y falsedad documental.