Ourense activa el dispositivo electoral de cara a las generales del 29-N, con más de 356.000 llamados a votar
La provincia de Ourense se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que podrán participar 356.326 personas con derecho a voto. Del total, 249.092 corresponden al censo de electores residentes (CER), mientras que 107.234 pertenecen al censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha completado una de las tareas centrales del proceso: la revisión y delimitación de las 523 mesas electorales distribuidas en 391 locales repartidos por los 92 ayuntamientos de la provincia. Este trabajo ha obligado a introducir cambios en la distribución habitual, entre ellos la fusión de algunas mesas, como consecuencia de la evolución demográfica y de solicitudes planteadas por los propios municipios.
El calendario electoral contempla hasta el 19 de noviembre el plazo para que los electores presenten reclamaciones relacionadas con su inclusión en el censo. Según se ha informado, en estos momentos se está registrando un número especialmente alto de solicitudes, la mayoría vinculadas a cambios de domicilio, que el INE va revisando de forma individualizada.
Otro de los grandes bloques de trabajo es la gestión de las peticiones de voto por correo procedentes de residentes que se encuentran fuera de España, ya sea de forma permanente o temporal. Hasta el momento se han recibido más de 3.000 solicitudes de este tipo. A ello se suma la verificación de los avales presentados por las distintas formaciones políticas y remitidos por la Junta Electoral, un trámite en el que se comprueba la autenticidad de las firmas, la documentación aportada y que no existan duplicidades, además de confirmar que se cumplen todos los requisitos legales exigidos.
El dispositivo electoral abarca también el envío de la documentación necesaria a los votantes que residen fuera del país, así como la distribución de las tarjetas censuales. Entre las tareas pendientes figuran la elaboración de las listas de votación —en las que debe quedar reflejado quién ejerce su voto por correo—, el envío a los ayuntamientos de la documentación para identificar las mesas electorales, la tramitación de certificados censuales y la atención de las consultas que la ciudadanía plantea por teléfono.