Ourense contará con transporte público mínimo durante la jornada de huelga del próximo miércoles
Quienes dependan del transporte público en Ourense para sus desplazamientos el próximo miércoles, 11 de noviembre, podrán seguir contando con un servicio reducido pero garantizado, pese a la huelga general convocada en todo el país para esa jornada. Así lo recoge la normativa municipal aprobada para regular el funcionamiento de autobuses urbanos y taxis durante las 24 horas que durará el paro.
En cuanto a los taxis, la normativa obliga a que al menos la mitad de las licencias de la ciudad —un 50 %— permanezcan en activo a lo largo de todo el día, siguiendo los turnos de descanso que ya tenían fijados con anterioridad. De este modo, aunque el servicio se vea reducido, la ciudad no se quedará sin esta alternativa de movilidad durante ningún tramo horario.
La red de autobuses urbanos también seguirá funcionando, aunque con frecuencias más limitadas. La mayoría de las líneas —concretamente la 1, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 13 y la 16— circularán con un único vehículo durante toda la jornada. Las líneas 2, 3 y 4, por su parte, dispondrán de dos unidades cada una. En todos los casos se exige que cada vehículo complete su recorrido de principio a fin, respetando el primer y el último trayecto que marca el horario habitual, de forma que no se interrumpa el servicio en ningún punto de la línea.
Estas exigencias se trasladan también a la plantilla de la empresa que gestiona el servicio de autobuses. El personal encargado de la conducción deberá acudir a trabajar en más de tres de cada cuatro turnos previstos, en concreto un 76,19 %. Los equipos de inspección y de taller, en cambio, tendrán que presentarse en su totalidad, sin ninguna reducción. Únicamente queda al margen de estas obligaciones el personal administrativo, ya que para ese colectivo el día de la huelga coincide con una jornada festiva y, por tanto, no se establecen porcentajes mínimos de asistencia.
Estas medidas responden a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en toda España, una movilización de carácter estatal que obliga a los distintos ayuntamientos a fijar, mediante este tipo de resoluciones, el nivel mínimo de servicios esenciales que debe mantenerse activo durante el paro.