Pontón y Presas piden en Ourense subir las pensiones mínimas hasta el nivel del SMI

GaliciaXa | OurenseXa
El partido reclama equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional y alerta de que esta provincia soporta la mayor diferencia respecto a la media estatal
Ana Pontón e Noa Presas en Ourense
19 Nov 2026

Las personas mayores y el encarecimiento de la vida centraron una de las paradas de la campaña del BNG de cara al 29 de noviembre. La provincia de Ourense recibió la visita de la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, y de la candidata al Congreso, Noa Presas, que recorrieron la Praza de Abastos junto a varios pensionistas para constatar sobre el terreno el impacto de la subida de precios en este colectivo.

El encuentro sirvió de marco para que Pontón reiterara el compromiso de su formación de llevar a Madrid una propuesta ya conocida: que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, situado en la actualidad en 1.289 euros. La dirigente nacionalista vinculó esa aspiración al resultado electoral, al sostener que un mejor resultado del BNG aumentaría su capacidad para negociar esta subida y para que Ourense disponga de representación propia que defienda esa reivindicación.

Para justificar la propuesta, Pontón recurrió a varios datos. En Galicia residen más de 700.000 pensionistas, en torno a una cuarta parte de la población, un volumen que, a su entender, exige blindar el sistema público en un contexto en el que el PP pone en duda su sostenibilidad. La portavoz nacionalista respondió a ese planteamiento defendiendo no solo el mantenimiento del modelo público, sino también su mejora allí donde, dijo, persisten situaciones insostenibles.

La diferencia territorial fue otro de los argumentos empleados: Galicia encabeza la lista de comunidades con las pensiones más bajas del país, con una media 2.600 euros inferior a la estatal, cifra que en Ourense se eleva hasta los 4.800 euros anuales. Sobre esta base, el BNG plantea una agenda propia de pensiones para Galicia, una iniciativa que, según Pontón, ni el PP ni el PSOE están dispuestos a impulsar y que solo su partido defiende en el ámbito estatal.

En términos prácticos, la equiparación con el SMI supondría, según los cálculos aportados por Pontón, subidas de entre 3.000 y 7.000 euros anuales para quienes perciben hoy entre 700 y 1.000 euros mensuales, y alcanzaría a más de medio millón de pensionistas gallegos. La propia portavoz matizó que se trata de una mejora “de mínimos”, a la vista de que hay personas que apenas logran cubrir sus necesidades con la pensión que cobran.

Pontón insistió en que el obstáculo para esta subida no es económico, sino de prioridades políticas, y puso como contraste el incremento del gasto militar estatal, que ha pasado a 35.000 millones de euros y que el PP aspira a elevar hasta los 50.000 millones. Frente a ese destino del gasto público, defendió reorientar recursos hacia las pensiones mínimas.

La agenda gallega de pensiones que defiende el BNG contempla, además, garantizar por ley que las prestaciones suban al mismo ritmo que el coste de la vida, ampliar el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, retirar las medidas que, a juicio del partido, benefician la privatización o a los fondos de pensiones privados, y estudiar una fiscalidad específica sobre petroleras, banca y grandes grupos empresariales como vía de financiación adicional.

Noa Presas, por su parte, enmarcó la cita dentro de una campaña que, según dijo, prioriza los problemas cotidianos de la ciudadanía, y pidió el voto el 29N con el objetivo de que la provincia logre, por primera vez, una diputada del BNG en el Congreso.

Como aval de su gestión, Presas citó los resultados obtenidos por el único diputado del partido en la legislatura saliente, al que atribuyó subidas de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC —en torno a un 7%— y la llegada de más de 30 millones de euros adicionales a los pensionistas de la provincia. A su juicio, una mayor presencia del BNG en el Congreso permitiría ampliar esos avances y reducir las desigualdades territoriales y de género que, señaló, sitúan a Ourense entre las zonas con peores condiciones para sus pensionistas.

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