Alternativas na Xustiza denuncia la situación del Servicio Común de Tramitación Penal de Ourense
La organización Alternativas na Xustiza ha denunciado la situación del Servicio Común de Tramitación Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, que, según señalan, acumula más de 3.500 procedimientos pendientes por falta de personal.
Según el colectivo, la reorganización derivada de la creación del Tribunal de Instancia supuso una reducción significativa de las plantillas respecto a la situación anterior, cuando los juzgados de instrucción y los juzgados de lo penal contaban con más efectivos distribuidos entre gestión, tramitación y auxilio judicial.
Tras la nueva estructura, el Servicio Común de Tramitación Penal quedó dividido en dos secciones —instrucción y enjuiciamiento— con una dotación que, según los denunciantes, resulta insuficiente para asumir la carga actual de trabajo. En total, afirman que la reducción de personal se sitúa en torno al 54%.
Alternativas na Xustiza advierte de que esta situación obliga a un número reducido de funcionarios a tramitar más de 3.500 procedimientos y alrededor de 1.000 escritos, lo que estaría provocando una sobrecarga estructural y retrasos en la gestión diaria.
El colectivo también señala que la situación contribuye al incremento de la suspensión de vistas. Según los datos que aportan, en el primer trimestre del año se suspendieron cerca de 70 juicios, a los que se suman más de 550 procedimientos pendientes de celebración a 31 de marzo de 2026, según estadísticas del CGPJ.
Además, advierten de que los retrasos están alargando los señalamientos hasta el año 2027, lo que, a su juicio, agrava el colapso del sistema.
En el caso de la sección de instrucción, indican que la carga incluye más de 2.500 procedimientos y más de 650 escritos, además de las guardias semanales y las declaraciones programadas a diario, lo que dificultaría el cumplimiento de los plazos establecidos en la legislación procesal.
Alternativas na Xustiza afirma que ya ha puesto esta situación en conocimiento de la Dirección Xeral de Xustiza y de la coordinación judicial de Ourense en varias ocasiones, sin que, según indican, se hayan adoptado medidas suficientes de refuerzo.
El colectivo concluye advirtiendo de que, si no se amplían las plantillas, el colapso podría agravarse, con posibles consecuencias sobre los derechos de las personas implicadas en procedimientos judiciales, incluidas aquellas sometidas a medidas cautelares.