Alternativas na Xustiza denuncia que las causas pendientes de incoar se duplican en el Tribunal de Instancia de Ourense
El equipo encargado de instruir asuntos penales en el Tribunal de Instancia de Ourense arrastra, según denuncia el sindicato Alternativas na Xustiza (AXG), un problema que viene de lejos y que no ha hecho más que crecer: cada vez hay más expedientes esperando a ser abiertos, más plazos que se agotan y menos manos para sacar el trabajo adelante.
La organización sindical asegura que lleva meses —desde febrero de 2026— pidiendo que se amplíe la plantilla de este servicio, una petición que, según afirma, no ha recibido respuesta ni por parte de la Dirección Xeral de Xustiza ni del secretario coordinador provincial en Ourense. A su juicio, los ajustes organizativos puestos en marcha hasta ahora por la dirección del servicio no han servido para enderezar la situación; más bien, sostiene AXG, la habrían empeorado.
Cinco trabajadores menos y guardias que restan efectivos
El origen del problema, según explica el sindicato, está en buena parte en el propio tamaño del equipo: de los 18 trabajadores con los que contaba el servicio se ha pasado a 13, un recorte cercano al 28 % de la plantilla. A esa merma se añade que, semana tras semana, tres de esos trabajadores tienen que cubrir turnos de guardia, lo que deja aún menos personas disponibles para el día a día de la tramitación.
A este panorama se suma un nuevo frente: la llegada de ATENEA, la aplicación informática que sustituirá al sistema actual. AXG advierte de que su implantación se producirá sin que el personal haya recibido formación presencial, por lo que los trabajadores tendrán que aprender a manejarla sobre la marcha, restando tiempo a unas tareas que, según el sindicato, ya no dan abasto.
Lo que reflejan las estadísticas judiciales
Para respaldar su denuncia, AXG recurre a las cifras del Consejo General del Poder Judicial, comparando el cierre de 2025 con los datos disponibles a finales de septiembre de 2026 —estos últimos, aclara el propio sindicato, todavía provisionales—. Con esa comparación, el número de diligencias previas sin resolver habría crecido algo más de un 10 %, hasta superar las 1.800; los delitos leves pendientes rondarían un incremento cercano al 24 %; y los escritos sin tramitar subirían en torno a un 16 %.
Donde el aumento resulta más llamativo, según estos datos, es en dos indicadores concretos: las causas que han necesitado que se les ampliara el plazo de instrucción, que se habrían disparado más de un 90 %, y los expedientes que ni siquiera han llegado a abrirse formalmente, que se habrían duplicado con creces, pasando de 135 a 271.
AXG interpreta esta última cifra como una consecuencia directa de la falta de manos: al no dar tiempo a revisar todos los asuntos, el personal se vería obligado a centrarse primero en los procedimientos ya abiertos para que no caduquen, dejando en segundo plano la apertura de los nuevos. Algo parecido explicaría, según el sindicato, el repunte de las prórrogas: muchas de ellas afectarían a causas que en principio no revisten especial complejidad —como quebrantamientos de condena o delitos contra la seguridad vial— pero que terminan necesitando más tiempo simplemente porque nadie ha podido revisarlas a tiempo.
El sindicato recuerda además que, entre las medidas adoptadas para aliviar la carga del servicio, se ha llegado a encomendar al personal de la sección especializada en violencia sobre la mujer la tramitación de delitos leves ajenos a esa materia, una decisión que, según AXG, no habría conseguido corregir el problema de fondo.
Con estos datos sobre la mesa, el sindicato insiste en que la solución pasa por reforzar cuanto antes la plantilla del servicio y por garantizar una formación presencial real antes de que ATENEA entre en funcionamiento.