Avante Ourense reclama investigar la contratación de un abogado externo por parte del Concello
Avante Ourense ha solicitado que se investigue y se aclare la presunta contratación, por parte del Concello de Ourense, de un abogado que —según información hecha pública— también presta servicios como letrado particular del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Los trabajos en cuestión se habrían desarrollado entre marzo y junio de 2026, por un importe que rondaría los 17.980,60 euros.
La formación considera que los hechos revisten suficiente gravedad como para exigir explicaciones inmediatas y una verificación independiente. Por ello, ha anunciado la presentación de escritos ante tres instancias: el propio Concello de Ourense, el Consello de Contas de Galicia y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
El partido reclama que el gobierno local confirme o desmienta la existencia de este contrato y, en caso de que sea real, detalle qué trabajos concretos realizó el profesional, los motivos de su contratación, cómo se fijó la cuantía abonada y, sobre todo, por qué se optó por un despacho externo existiendo servicios jurídicos propios en el Concello.
Asimismo, Avante Ourense pide acceso al expediente completo, a los informes de necesidad, a las facturas y a toda la documentación que justifique los trabajos realizados, además de información sobre cualquier otro contrato o pago municipal efectuado a ese mismo profesional.
La formación también ha trasladado a los organismos de control la petición de comprobar si la contratación cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público, y de analizar si pudo producirse fraccionamiento del contrato, conflicto de intereses, falta de justificación u otro tipo de irregularidad.
El portavoz Francisco Diéguez subrayó que, de confirmarse que el Concello empleó fondos públicos para contratar al mismo abogado que atiende de forma privada al alcalde, las explicaciones deberían ser totales, y añadió que quieren conocer qué se contrató exactamente, por qué no se encargaron de ello los servicios jurídicos municipales y por qué se eligió a ese profesional en particular, recordando que el dinero del Concello pertenece a los ourensanos y no al alcalde.
Avante Ourense insiste en que será la documentación disponible, junto con la actuación de los órganos fiscalizadores, la que determine si existe alguna irregularidad, si bien entiende que el vínculo entre el posible adjudicatario y el regidor obliga a extremar la transparencia y el control sobre este expediente.
Diéguez señaló que no acusan sin pruebas pero tampoco piensan mirar hacia otro lado, y avisó de que si todo resulta legal deberá quedar acreditado, mientras que, de no serlo, exigirán responsabilidades y que se actúe hasta las últimas consecuencias.