El BNG de Ourense reclama cambios en el modelo de gestión de los recursos hidroeléctricos de la provincia
El Grupo Provincial del BNG en la Diputación de Ourense llevará al próximo pleno una moción en la que demanda un nuevo modelo de aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos con el objetivo de que la riqueza generada en la provincia revierta de manera efectiva en los municipios afectados por los embalses y las infraestructuras energéticas.
La iniciativa fue presentada por el portavoz provincial del BNG, Bernardo Varela, junto con María Mangana y Xosé Manuel Puga, y parte de la reclamación de que los beneficios derivados de la producción eléctrica tengan un impacto directo en el territorio productor.
Según explican, el BNG propone que la Diputación inste al Estado y a las confederaciones hidrográficas a crear un sistema específico de reversión territorial de la recaudación procedente de las tasas y cánones hidroeléctricos, de forma que una parte de estos ingresos retorne a los municipios afectados en función de criterios objetivos como la potencia instalada, la superficie inundada o el impacto social y ambiental.
La moción también pide a la Xunta de Galicia que defienda un nuevo modelo de compensación territorial que reconozca el papel de Ourense como territorio generador de electricidad renovable e incorpora la propuesta de una Tarifa Eléctrica Gallega que permita reducir de manera significativa la factura de la luz para las familias y pequeñas y medianas empresas situadas en los municipios afectados por los embalses.
“Lo que reclamamos es una cuestión de justicia territorial. Si Ourense produce una parte fundamental de la electricidad del Estado, esa riqueza tiene que traducirse en bienestar, empleo y futuro para nuestra gente”, defendió el portavoz nacionalista.
El BNG apuesta además por la elaboración de un Plan Industrial y de Desarrollo Local vinculado a la energía, con el objetivo de atraer industrias y servicios ligados a la transición energética, impulsar proyectos de economía social y turismo sostenible y aplicar criterios de discriminación positiva para favorecer la implantación de actividad económica en las comarcas más afectadas por la pérdida de población.
“Lo que no basta es con que los ayuntamientos reciban impuestos o compensaciones puntuales. Es necesario construir un modelo que transforme los recursos naturales de la provincia en oportunidades reales para la vecindad y para las nuevas generaciones. La energía que se produce en Ourense tiene que servir para crear empleo, industria y fijar población”, afirmó Bernardo Varela.
La formación nacionalista sostiene que Ourense es una de las principales productoras de energía hidroeléctrica del Estado, con más de 2.500 MW de potencia instalada y una producción anual superior a los 5.400 GWh, pero señala que la provincia continúa siendo una de las más envejecidas y con mayor pérdida de población y escasa actividad industrial.
El BNG denuncia también que los beneficios económicos y el empleo asociado a la cadena de valor de la energía no se quedan en el territorio. “Tenemos una provincia que actúa como un auténtico pulmón energético del Estado, pero los beneficios económicos y el empleo asociado a la cadena de valor de la energía quedan fuera de nuestro territorio”, señaló Varela.
La iniciativa recoge además ejemplos que, según el grupo provincial, ilustran esta situación, como el caso de Castrelo de Miño, donde la construcción del embalse supuso la pérdida de cientos de hectáreas de tierras agrarias y una fuerte caída demográfica, pasando de 4.832 habitantes en el momento de la construcción de la presa a 1.292 en la actualidad.
También citan el caso del municipio de A Rúa, donde estaba el centro de mando para la zona gallega de las centrales hidroeléctricas, posteriormente trasladado a Salamanca. “Las centrales quedaron aquí, pero los empleos se marcharon”, recoge la formación, que afirma que los trabajadores especializados que quisieron continuar tuvieron que marcharse de Galicia.
Como último ejemplo, el BNG menciona el caso en el que la Diputación de Ourense tuvo que asumir 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín no pudo cobrar a Iberdrola, después de que la compañía recurriera las liquidaciones. “Al final ese dinero lo acabamos pagando entre todos los municipios de la provincia. Y nunca más volvimos a saber del asunto”, concluye Bernardo Varela.