El BNG denuncia falta de amparo legal en el derribo de la Casa de Baños y acusa a Jácome de faltar a la verdad
El BNG ha reiterado sus críticas al gobierno local por la forma en que se ha gestionado el derribo de la Casa de Baños. Su portavoz municipal, Luís Seara, sostuvo que la actuación se llevó a cabo sin respaldo legal y acusó al equipo de gobierno de actuar con falta de competencia y transparencia a la hora de dar explicaciones sobre lo sucedido.
Según el análisis jurídico expuesto por la formación nacionalista, no resulta posible recurrir a una tramitación de emergencia cuando han transcurrido tres meses desde que se originó el incendio, ocurrido a mediados de mayo. A su juicio, ese plazo hace que se pierda el requisito de "inmediatez" que marca el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Por ese motivo, defienden que cualquier intervención llevada a cabo tanto tiempo después debería ir precedida de un proyecto técnico elaborado y aprobado antes de sacar a licitación los trabajos. La única excepción contemplada, señalan, sería la existencia de un riesgo real e inminente de derrumbe, situación en la que únicamente cabrían medidas puntuales de seguridad, como apuntalar la estructura o instalar un vallado perimetral.
Los nacionalistas añadieron que, para acometer una reparación o rehabilitación definitiva de las instalaciones tres meses después del siniestro, correspondería aplicar el procedimiento ordinario o, alternativamente, el trámite urgente regulado en el artículo 119 de la LCSP. En ambos casos, subrayan, es imprescindible disponer previamente de un proyecto técnico aprobado y supervisado antes de adjudicar cualquier obra. Precisaron que la vía urgente permite acortar los tiempos de licitación, pero en ningún caso exime de cumplir con los trámites técnicos exigidos.
Seara hizo referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde el pasado viernes, quien atribuyó la decisión de derribar el edificio a un informe técnico de carácter urgente. El portavoz del BNG aseguró que no hay constancia de que ese documento haya sido registrado, y recordó que, conforme a la normativa, los informes de emergencia deben elaborarse dentro de los cinco días siguientes al siniestro y las actuaciones correspondientes ejecutarse en un plazo máximo de quince días, por lo que, según su interpretación, el paso de tres meses invalidaría el carácter de urgencia alegado.
La formación nacionalista denunció también que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no tiene registrada solicitud alguna de autorización para intervenir sobre el inmueble. Según el BNG, el Concello inició los trabajos de derribo sin contar con un informe que justificara su necesidad, sin documentación técnica y sin el visto bueno del organismo autonómico competente en la materia. Seara atribuyó esta forma de proceder a una falta de sensibilidad hacia un edificio que, dijo, tiene un valor simbólico para la ciudad, y reclamó que la Xunta de Galicia -a la que corresponden las competencias en patrimonio- explique qué actuaciones ha llevado a cabo desde que se produjo el derribo.
El BNG mostró su inquietud por el paradero de los elementos patrimoniales que fueron retirados del edificio, ya que en las imágenes difundidas se les podía ver depositados en un contenedor, y exigió información sobre su destino final. Seara cerró sus declaraciones afirmando que el alcalde intenta eludir su responsabilidad en todo este asunto.