El BNG denuncia que decenas de familias vuelven a quedarse sin ayuda de comedor escolar en Ourense pese a tener ingresos mínimos
El comienzo de un nuevo curso escolar vuelve a dejar, según denuncia el BNG, a decenas de familias ourensanas sin acceso a la ayuda municipal de comedor, pese a cumplir con los requisitos exigidos y contar con ingresos inferiores a 333 euros mensuales. Desde la formación nacionalista aseguran que se trata de una situación que se repite curso tras curso sin que el gobierno local haya adoptado medidas para solucionarla.
El grupo municipal del BNG lleva tiempo insistiendo en la necesidad de reforzar los comedores escolares públicos, pidiendo que se amplíen las partidas presupuestarias municipales dedicadas a estas ayudas y que se eleven los umbrales de renta per cápita que permiten acceder a ellas. La concejala nacionalista Rhut Reza defendió que estas ayudas deberían enmarcarse dentro de las políticas educativas y reclamó subir el límite actual, fijado en 4.000 euros anuales de renta per cápita.
La edil advirtió de que niños y niñas de familias con rentas mínimas se quedarán sin poder utilizar el comedor escolar al no recibir la ayuda municipal, y cuestionó la gestión del gobierno local en esta materia, al que acusó de desatender los servicios sociales. Reza señaló que ha aumentado el número de hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes —incluidos aquellos en los que sus miembros cuentan con empleo—, ya que el alquiler y los gastos energéticos absorben buena parte de los ingresos, un contexto ante el que, a su juicio, el gobierno municipal no está dando respuesta.
La concejala del BNG fue tajante al señalar que este tipo de decisiones perjudican a quienes menos recursos tienen, y exigió al gobierno municipal que dote de crédito suficiente las partidas destinadas a las ayudas de comedor, de manera que ninguna familia que cumpla los requisitos se quede sin recibirla. Asimismo, reclamó revisar los umbrales de renta per cápita para ampliar la cobertura de estas ayudas a más hogares en situación de vulnerabilidad. La edil concluyó afirmando que, a su parecer, se trata de un error que se repite desde hace una década sin que el gobierno local haya sido capaz de resolverlo.