El Concello de Ourense no deberá reintegrar 1,1 millones de euros de una subvención para la Plaza de Abastos
El Ayuntamiento de Ourense no tendrá que devolver ninguna cantidad de la subvención de 1,1 millones de euros que recibió en 2015 para financiar la primera anualidad del proyecto de reforma y rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1. Así lo establece una resolución del Ministerio de Vivienda, que pone fin a un procedimiento de reintegro abierto este mismo año.
Según el Ayuntamiento, el asunto tiene su origen años atrás, cuando el entonces Ministerio de Fomento reclamó al consistorio la devolución del importe concedido, que ascendía a 1.190.919,84 euros, a los que se sumaban 244.345,82 euros en concepto de intereses de demora, hasta un total de 1.435.265,66 euros. Esa reclamación no ponía en duda que las obras se hubieran ejecutado, sino que se fundamentaba en que su justificación no se había presentado dentro del plazo establecido.
El Ayuntamiento afirma que devolvió entonces los fondos reclamados, aunque recurrió esa decisión ante los tribunales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en una sentencia de su sección octava, falló a favor del consistorio al declarar caducado aquel primer procedimiento de reintegro.
Pese a ese fallo judicial, el Gobierno central abrió este año un nuevo procedimiento para reclamar de nuevo la devolución de la misma subvención. El Ayuntamiento presentó alegaciones solicitando el archivo de las actuaciones por entender que el derecho de la Administración a exigir esa devolución había prescrito, invocando para ello una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2017.
El Ministerio de Vivienda estimó esas alegaciones. En su resolución, declara prescrito el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención y señala que “no procede acordar el reintegro de cantidad alguna en el presente procedimiento, ni exigir los intereses de demora asociados al mismo”. Con ello, da por finalizado el procedimiento y ordena el archivo de las actuaciones.
El Ayuntamiento recuerda que ya había devuelto esta cantidad al Ministerio en el año 2022. Tras esta resolución, el Estado deberá reintegrarle ahora esos fondos, junto con los intereses de demora y las costas judiciales correspondientes.