El PP de Ourense reclama al Gobierno central que desbloquee la rebaja del IVA para peluquerías y salones de estética
Los senadores del Partido Popular por Ourense, Rosa Sánchez Gándara y Francisco José Fernández, han pedido este jueves al Ejecutivo socialista que ponga fin a la parálisis parlamentaria que sufre la propuesta legislativa orientada a restablecer el tipo reducido del IVA (10 %) para los servicios de peluquería, barbería y estética.
Ambos comparecieron junto a María José Rocholl, presidenta de la asociación de empresarios de peluquería y estética ourensana, quien expuso la situación de fragilidad económica que atraviesan numerosos negocios del sector a causa del alza de costes y de una carga tributaria que, según explicó, pone en riesgo su continuidad.
Según denunciaron los representantes populares, la iniciativa —trasladada desde el Senado a la Cámara Baja en noviembre de 2023— continúa estancada en el trámite de enmiendas desde diciembre de ese año, con hasta 97 ampliaciones sucesivas del plazo.
Sánchez Gándara sostuvo que, transcurrido ese tiempo, no existen justificaciones para seguir dilatando el proceso y reclamó que se permita el avance, debate y votación del texto. La senadora recordó además que esta misma reivindicación ya se planteó en el Pleno del Senado en abril, cuando las prórrogas superaban las 87, un número que en cuatro meses ha crecido hasta las 97, lo que a su juicio confirma la intención del Gobierno de mantener bloqueada la propuesta.
Un sector con mayoría de autónomas
Los senadores destacaron que la medida afecta sobre todo a autónomos, microempresas y negocios de carácter familiar. De acuerdo con los datos aportados, cerca del 94 % de los puestos de trabajo del sector están ocupados por mujeres, en torno al 80 % de los profesionales trabaja por cuenta propia y los establecimientos cuentan de media con apenas 2,1 empleados.
Fernández remarcó la relevancia de estos comercios en el ámbito rural ourensano, donde constituyen tanto una fuente de empleo como un servicio próximo para una población de edad avanzada y dispersa geográficamente. Advirtió de que cada cierre implica pérdida de actividad económica y de un servicio esencial para muchos mayores.
Por su parte, Rocholl detalló que los profesionales del sector afrontan incrementos en la electricidad, los productos, los alquileres, los salarios y las cotizaciones, con márgenes de beneficio cada vez más ajustados. Consideró que recuperar el tipo reducido no constituye ninguna ventaja especial, sino una necesidad para preservar los negocios y los puestos de trabajo existentes.
Nuevas preguntas al Ejecutivo
Los senadores del PP anunciaron la presentación de un nuevo conjunto de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno y al Ministerio de Hacienda, con las que buscan conocer cuántos cierres de establecimientos podrían haberse evitado en la provincia de aplicarse el tipo reducido del 10 %, así como su repercusión sobre el empleo y la viabilidad de las empresas.
También solicitan información sobre las consecuencias sociales y económicas que tendría la desaparición de estos servicios en los municipios pequeños, y sobre la capacidad real de las microempresas para seguir absorbiendo el aumento constante de costes fiscales, laborales y operativos.
Por último, preguntan qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para desbloquear la tramitación parlamentaria y si está dispuesto a comprometerse a no ampliar de nuevo el plazo de enmiendas.
Sánchez Gándara y Fernández concluyeron que no resulta coherente reivindicar el respaldo a autónomos y pymes mientras se mantiene detenida durante casi tres años una iniciativa que afecta directamente a su continuidad. Los senadores resumieron su petición en tres puntos: el cese de las prórrogas del plazo de enmiendas, la reanudación inmediata de la tramitación en el Congreso y la recuperación del tipo reducido del 10 % de IVA.