El sector de la construcción reclama un mayor compromiso con la inversión pública en Ourense tras la caída de la licitación
La evolución de la licitación pública durante el primer semestre de 2026 ha situado a la provincia de Ourense en un escenario que preocupa al sector de la construcción. Según los datos difundidos por la Federación Gallega de la Construcción, el volumen de obra pública licitada en la provincia se redujo hasta los 47,43 millones de euros, frente a los 89,23 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 46,85 %. Además, Ourense fue la única provincia gallega que experimentó una caída, mientras A Coruña, Lugo y Pontevedra incrementaron sus inversiones.
La situación resulta especialmente significativa en el caso de la Administración autonómica. A pesar de que la licitación promovida por la Xunta aumentó en el conjunto de Galicia, en Ourense pasó de 30,44 millones a 9,30 millones de euros, con una reducción superior al 69 %. Por su parte, la contratación impulsada por el Estado también disminuyó, situándose en 11,51 millones de euros, casi un 35 % menos que en el primer semestre de 2025.
Otro de los indicadores que más inquieta al sector es la contratación de servicios relacionados con la construcción. En este apartado, el importe licitado en la provincia pasó de 42,03 millones a apenas 1,49 millones de euros, lo que representa un descenso del 96,45 %.
Desde el empresariado de la construcción aseguran que estos datos deben interpretarse con responsabilidad, conscientes de que la licitación pública puede variar en función de la ejecución de grandes proyectos. No obstante, consideran que la magnitud de las cifras evidencia un desequilibrio que requiere una reflexión sobre el peso de Ourense en la planificación de las inversiones públicas.
El colectivo insiste en que la reivindicación no pretende cuestionar las inversiones en otras provincias, sino reclamar que Ourense disponga de un volumen de recursos acorde con su realidad territorial y con los retos que afronta en materia de infraestructuras, vivienda, movilidad, rehabilitación, servicios públicos, actividad económica y lucha contra la despoblación.
En este contexto, el sector solicita a las distintas administraciones —Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos— una mayor coordinación y el diseño de una planificación plurianual que permita desarrollar proyectos con financiación garantizada y plazos definidos. Los empresarios subrayan que la provincia cuenta con compañías preparadas y profesionales cualificados para asumir nuevas actuaciones, pero consideran imprescindible disponer de una cartera estable de obras que favorezca el empleo, impulse la actividad económica y contribuya al equilibrio territorial de Galicia.