Avante Ourense lleva el contrato de la Zona de Bajas Emisiones a los órganos de fiscalización estatal y autonómico
Avante Ourense ha anunciado que solicitará toda la documentación relacionada con el contrato para el control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, una adjudicación que supera los 750.000 euros de fondos públicos. La formación ha decidido además trasladar el asunto a dos organismos de control: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda, y el Consello de Contas de Galicia.
La iniciativa llega después de que trascendiera, según documentación municipal recogida por distintos medios, que se habría producido una omisión en la fiscalización previa de la adjudicación de este contrato, pese a lo cual el Concello mantendría su intención de seguir adelante con el proceso.
Desde Avante Ourense sostienen que una partida de esta cuantía, superior a los 750.000 euros, exige el máximo nivel de control y transparencia por parte de la administración local. Por ese motivo, la formación pedirá acceso al expediente completo del contrato, al informe de la Intervención municipal en el que se explicaría la citada omisión de fiscalización, y a todos los informes jurídicos, técnicos y económicos que hayan servido de base para decidir continuar con la tramitación.
De forma paralela, Avante Ourense pondrá estos hechos en conocimiento de la OIReScon y del Consello de Contas de Galicia, con el objetivo de que ambos organismos, dentro de sus respectivas competencias, puedan analizar y valorar lo ocurrido.
El coordinador de la formación, Francisco Diéguez, ha sido contundente al defender esta decisión. Diéguez ha afirmado que el Concello "no es el cortijo particular" del alcalde y ha insistido en que una cantidad tan elevada de dinero público "no se puede gestionar sin todas las garantías". El dirigente ha avisado de que, ante cualquier indicio de irregularidad, acudirán a la Fiscalía, y ha subrayado que actuarán "con documentos en la mano y hasta donde sea necesario", dejando claro que su intención no es lanzar amenazas ni buscar titulares.
En esa misma línea, desde la formación política plantean que, si el proceso se ha desarrollado conforme a la legalidad, lo lógico sería que se entregasen todos los informes solicitados y se ofreciesen explicaciones con total transparencia. En caso contrario, advierten de que exigirán que se depuren todas las responsabilidades que puedan corresponder, con independencia de a quién afecten.