Avante Ourense traslada a la Fiscalía Europea sus dudas sobre el contrato de la Zona de Bajas Emisiones
El partido Avante Ourense ha presentado un escrito ante la Fiscalía Europea en el que pide que se investiguen posibles irregularidades vinculadas al contrato para la implantación del sistema de control de tráfico de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense.
Según ha explicado la formación, la decisión responde a lo que consideran una falta de información pública y de respuestas suficientes por parte del Ayuntamiento ante las preguntas planteadas en torno a este contrato. Al no haber podido acceder, según indican, a la documentación necesaria para aclarar lo sucedido, el partido ha optado por trasladar el asunto al organismo europeo competente para que sea este quien examine el procedimiento.
En su escrito, Avante Ourense solicita que se compruebe si existen y qué contenido tienen los informes de fiscalización del contrato, si se han cumplido los procedimientos habituales de control del gasto público y si los fondos europeos NextGenerationEU asociados al proyecto se han aplicado correctamente. La formación pide además que se reúna toda la documentación administrativa, económica y técnica del expediente, con el objetivo de determinar si hay indicios de irregularidades que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.
El escrito plantea asimismo que se revise la actuación de los responsables públicos que participaron en el procedimiento, entre ellos el alcalde, así como la de la empresa adjudicataria del contrato, SICE, para esclarecer si tuvo algún tipo de implicación en los hechos objeto de la solicitud.
Desde Avante Ourense insisten en que esta comunicación a la Fiscalía Europea no da por hecho que se haya cometido ningún delito, sino que busca que los organismos competentes cuenten con la documentación necesaria para aclarar lo ocurrido y, en su caso, determinar responsabilidades.
El portavoz de la formación, Francisco Diéguez, ha defendido la decisión señalando que "cuando el Ayuntamiento no ofrece información suficiente ni facilita la transparencia que requiere la gestión de los recursos públicos, tenemos la obligación de acudir a las instancias competentes", y ha recordado que se trata de un contrato ligado a fondos europeos sobre el que, a su juicio, "la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se emplea su dinero y qué controles se realizan".
Avante Ourense reclama, en definitiva, mayor transparencia y una fiscalización efectiva sobre la tramitación de este contrato, y defiende que la gestión de los fondos públicos debe contar con todas las garantías, de forma que cualquier irregularidad que pudiera existir quede aclarada conforme a la legalidad vigente.