El PSOE de A Merca sostiene que la Ley de Incompatibilidades se aplica a todo el personal público, independientemente de su tipo de contrato

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El grupo municipal socialista recuerda que la normativa afecta a todo el personal que cobra de la administración pública, sea cual sea su vínculo laboral, en el marco de la controversia sobre las adjudicaciones de residencias municipales
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7 Sep 2026

El PSdeG-PSOE de A Merca ha hecho pública una respuesta a las últimas declaraciones realizadas en los medios de comunicación por el actual regidor del municipio, del Partido Popular, José Manuel Garrido Sampedro, en relación con la polémica surgida en torno a la gestión de las residencias municipales.

Según explican desde el grupo socialista, el regidor había intentado defenderse de las informaciones sobre presuntas irregularidades en los expedientes de adjudicación alegando que él nunca había ostentado la condición de funcionario, y calificando de "ataques personales" el trabajo de fiscalización llevado a cabo por la oposición.

Frente a estas manifestaciones, el PSdeG-PSOE sostiene que la discusión sobre la naturaleza exacta de su vínculo laboral resulta irrelevante a efectos legales, y que no exime de las posibles irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación.

La normativa no distingue entre tipos de personal

El partido explica que el regidor estaría confundiendo el concepto restringido de "funcionario de carrera" con el alcance real de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Según recuerdan, el artículo 2 de dicha norma establece expresamente que su ámbito de aplicación se extiende a todo el personal, con independencia de la naturaleza jurídica de su relación de empleo. Esto incluiría, por tanto, tanto al personal estatutario —régimen bajo el que trabaja la mayoría de los médicos del SERGAS— como al personal interino, eventual o laboral.

Una prohibición que no admite excepciones

De acuerdo con la explicación ofrecida por los socialistas, la legislación prohíbe de forma terminante que cualquier persona que perciba una retribución con cargo a los presupuestos públicos pueda formar parte del consejo de administración, o actuar como administrador único, de empresas que mantengan concesiones o contratos con cualquier administración pública, incluidos los ayuntamientos. En este sentido, señalan que resultaría indiferente si la plaza ocupada en el SERGAS es de carácter fijo o temporal, ya que la presunta vulneración de esta prohibición se produciría en el momento mismo en que ambas condiciones —la de empleado público y la de responsable de la empresa adjudicataria— coincidiesen en el tiempo.

La hipótesis de una incompatibilidad posterior

El grupo municipal plantea además un segundo escenario: en caso de que el regidor y su equipo defendieran que, en el momento concreto de la firma de algún contrato, su relación laboral con el SERGAS se encontraba en una situación de "pausa" o suspensión, este argumento tampoco eximiría de responsabilidad. Según explican, si posteriormente hubiera retomado su actividad como médico del sistema público sin renunciar antes a su cargo en la empresa adjudicataria, o sin dejar de administrarla, podría haber incurrido en lo que denominan una incompatibilidad sobrevenida.

"Fiscalizar no es un ataque personal"

El portavoz socialista, Carlos Sousa, ha calificado de "esperpéntico" que el regidor trate de justificar la investigación sobre estas adjudicaciones, de elevada cuantía económica, presentándola como una serie de ataques dirigidos contra su actividad profesional al margen del ayuntamiento. Según Sousa, existiría una confusión entre la esfera privada del regidor y la gestión de concesiones municipales financiadas con fondos procedentes de los impuestos de toda la ciudadanía.

"El intento de utilizar una especie de barrera semántica es un insulto a la inteligencia. Si se percibía una nómina de la sanidad pública mientras su empresa obtenía adjudicaciones municipales, el problema no desaparece por evitar la palabra 'funcionario' ante los medios", ha declarado Sousa.

Desde el grupo municipal insisten en que revisar expedientes sobre los que existen indicios racionales de posible incumplimiento legal no constituye ningún ataque personal, sino una obligación legal ineludible de cualquier grupo de la oposición.

Rechazo a la victimización

El PSdeG-PSOE de A Merca ha mostrado su rechazo frontal a lo que consideran una actitud de victimización por parte del regidor, que a su juicio buscaría desviar la atención ante la falta de argumentos legales y técnicos frente a la labor fiscalizadora desarrollada por la oposición. El grupo municipal ha reiterado que su prioridad continúa siendo un trabajo riguroso, basado en el cumplimiento de la legalidad y en el examen de los registros públicos disponibles, al margen de cualquier confrontación ajena al interés general de los vecinos y vecinas del municipio.

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