El PSOE de exige explicaciones al Gobierno local por la continuidad de las obras en la Casa de Baños en Ourense y pide a la Xunta que actúe
El Grupo Municipal Socialista de Ourense calificó de "especialmente grave" la respuesta oficial que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia le remitió en relación con la demolición de la Casa de Baños de Outeiro. Según esta contestación, las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble no contaban con la autorización preceptiva de la Consellería de Cultura. El PSOE ya había exigido previamente la paralización de las obras y había pedido explicaciones a Jácome.
De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el grupo socialista, Patrimonio tuvo conocimiento del derribo el 12 de agosto y notificó ese mismo día al Concello de Ourense un requerimiento para paralizar la intervención y presentar toda la documentación relativa a los trabajos. Sin embargo, el propio Servizo de Patrimonio Cultural constató dos días después, el 14 de agosto, que las obras seguían en marcha pese a esa orden de paralización. Ante esta situación, Patrimonio solicitó la colaboración de la Unidade de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma para verificar el estado de la actuación y dejar constancia por escrito de los trabajos que se estaban ejecutando.
La portavoz socialista, Natalia González, señaló que ya no se trata de una cuestión de interpretación política, sino que es la propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural la que reconoce por escrito la falta de autorización. González reclamó conocer quién tomó la decisión de continuar las obras, con qué informes y bajo qué responsabilidad.
El PSOE destacó también que, mientras Patrimonio reclamaba la paralización y la documentación sobre unas obras ya iniciadas, la Xunta de Goberno Local aprobó el pasado 27 de agosto la declaración de emergencia vinculada a esta intervención. Por ello, González exigió al Gobierno de Jácome que aclare públicamente cuándo se adoptó esa decisión, qué informe técnico la respaldaba, qué actuación concreta quedó autorizada y qué relación guarda esa declaración con el trabajo que ya se venía realizando con anterioridad.
Petición de actuación a la Xunta
Los socialistas consideran necesario, además, que la Xunta de Galicia explique qué medidas adoptará tras confirmarse oficialmente la ausencia de autorización patrimonial. Según el informe del organismo autonómico, será preciso presentar un proyecto redactado por un profesional competente para los posibles desmontajes, apeos y consolidaciones de los elementos que aún se conservan, así como documentación sobre el estado actual del edificio, de los elementos ya retirados y sobre su conservación y custodia.
Natalia González defendió que la Xunta debe ejercer sus competencias para garantizar la protección de lo que queda del inmueble y asegurar que los elementos patrimoniales retirados estén debidamente identificados y custodiados. El PSOE anunció que trasladará esta nueva documentación a la iniciativa que está preparando en el Parlamento de Galicia, con la que pretende que la Xunta dé cuenta de las actuaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de las medidas tomadas al comprobar que los trabajos continuaban y de los pasos previstos ante la falta de autorización constatada en el expediente.
Otras formaciones también reclamaron medidas
Este posicionamiento del PSOE llega después de que otros grupos y colectivos expresasen su preocupación por el estado del inmueble en las últimas semanas. El BNG anunció que llevará al pleno municipal de septiembre una moción para pedir responsabilidades por el derribo y trasladar el expediente a la Fiscalía. Los nacionalistas ya venían advirtiendo desde mediados de agosto sobre la gravedad de la situación, cuando reclamaron, junto al propio PSOE, la paralización inmediata de las obras y la intervención de la Xunta para proteger el edificio, integrado en el conjunto declarado Bien de Interés Cultural de As Burgas. Días antes, el portavoz nacionalista también había cuestionado que la decisión de derribar careciese de respaldo legal.
El PSOE ya había exigido previamente la paralización de las obras y pedido explicaciones a Jácome, solicitando entonces una Xunta de Voceiros urgente y la comparecencia del concejal de Urbanismo y Patrimonio para detallar qué trabajos se estaban realizando, quién los había autorizado y con qué informes técnicos y jurídicos contaban.
Por su parte, la asociación Apatrigal llevó el caso ante la Fiscalía Provincial de Ourense, al entender que se trata de una posible afectación a un bien protegido que requiere una explicación documentada.