El BNG lleva al pleno de septiembre una moción para pedir responsabilidades por el derribo de la Casa de Baños y trasladar el caso a la Fiscalía
El BNG presentará en el próximo pleno municipal, previsto para septiembre, una moción en la que reclama depurar responsabilidades por las obras de derribo realizadas en la Casa de Baños del Outeiro y en la que pide que el expediente sea remitido al Ministerio Fiscal para que valore si los hechos pueden ser constitutivos de delito.
Semanas de advertencias
Los nacionalistas vienen advirtiendo desde mediados de agosto de la gravedad de estas actuaciones, cuando reclamaron junto al PSOE la paralización inmediata de los trabajos y la intervención de la Xunta de Galicia para proteger el inmueble, integrado en el conjunto declarado Bien de Interés Cultural de As Burgas. En la moción, el BNG recuerda que el edificio cuenta con un grado de protección integral según el Plan Básico Autonómico y la ficha del propio BIC, y que en la segunda semana de agosto fue objeto de trabajos de demolición con maquinaria pesada que afectaron a elementos constructivos y patrimoniales, sin que constase autorización de la Dirección General de Patrimonio. La formación cita un oficio de la dirección territorial del servicio de patrimonio cultural en el que se señala que no consta solicitud para la intervención realizada y que, por tanto, los trabajos deberían quedar paralizados.
Un incumplimiento "doble", según el BNG
Para los nacionalistas, el problema es doble: por un lado, el daño causado a un bien protegido; por otro, que sea la propia Administración municipal la que incumpla la normativa, cuando la competencia para autorizar intervenciones en bienes con protección integral corresponde en exclusiva a la Consellería de Cultura. El portavoz del BNG, Luís Seara, ya había cuestionado días antes que la decisión de derribar careciera de respaldo legal, argumentando que no es posible recurrir a una tramitación de emergencia cuando han pasado tres meses desde el incendio que dañó parte del edificio a mediados de mayo, y que cualquier actuación tan tardía debería contar con un proyecto técnico previo aprobado antes de licitar las obras.
Dudas sobre el informe de emergencia
La iniciativa que se llevará al pleno también pone en cuestión el informe presentado por el gobierno local días después de estallar la polémica, con el que se pretendía justificar el derribo por una supuesta situación de emergencia. Según el BNG, la ley exige que este tipo de actuaciones se limiten a lo estrictamente necesario y vayan acompañadas de una motivación rigurosa sobre el peligro existente y su inmediatez, requisitos que consideran incumplidos cuando la emergencia se alega tres meses después del siniestro. Además, advierten que la demolición de un BIC sin autorización podría suponer una infracción muy grave conforme a la Ley 5/2016 de patrimonio cultural de Galicia, y entrar en concurrencia con los artículos 321 a 323 y 404 del Código Penal, relativos a los delitos contra el patrimonio histórico y a la prevaricación.
Otras voces se suman a la protesta
Esta postura del BNG fue acompañada en las últimas semanas por otras formaciones y colectivos. El PSOE de Ourense también exigió la paralización de las obras y pidió explicaciones al gobierno de Jácome, solicitando una Junta de Portavoces urgente y la comparecencia del concejal de Urbanismo y Patrimonio, Francisco Lorenzo, para detallar qué trabajos se estaban realizando, quién los había autorizado y con qué informes técnicos y jurídicos contaban. Por su parte, la asociación Apatrigal llevó el caso a la Fiscalía Provincial de Ourense, al considerar que se trata de una posible afectación a un bien protegido que requiere una explicación documentada, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude confirmó la apertura de un expediente de diligencias informativas y pidió al Concello que detuviera la demolición hasta aclarar la situación del inmueble.
Lo que pide la moción del BNG
Ante este contexto, el BNG solicitará en el pleno de septiembre que el gobierno local ponga a disposición de la Corporación el expediente administrativo íntegro de las actuaciones en la Casa de Baños —proyectos, licencias, órdenes, informes técnicos y jurídicos, documentación de emergencia y comunicaciones con Patrimonio—, con una cronología que permita conocer qué documentación existía antes del inicio de las obras. Junto a esto, reclama que se identifique quién autorizó las actuaciones y qué personal técnico intervino, con indicación de las responsabilidades que corresponden a cada uno, así como que la Alcaldía determine si las obras se ajustaron a la normativa de patrimonio, urbanística y de procedimiento administrativo, y si realmente existía una situación de emergencia que justificase la intervención.
La moción pide además que, de apreciarse irregularidades, se incoen los expedientes disciplinarios o de responsabilidad que correspondan, y que la Xunta de Galicia determine el alcance de los daños causados en el inmueble, adopte las medidas de restitución necesarias y valore la apertura de un procedimiento sancionador. Los nacionalistas solicitan también la adopción inmediata de medidas cautelares para proteger lo que resta del edificio, y que se traslade el expediente completo al Ministerio Fiscal para que valore posibles responsabilidades penales. Por último, el BNG pide que el Pleno manifieste expresamente su compromiso con la defensa del patrimonio cultural de la ciudad, declarando que ninguna razón de urgencia puede servir para eludir las garantías legales establecidas para su protección.